El derecho positivo en México ha venido sufriendo una serie de cambios en la actual administración federal. Las reformas constitucionales han impactado severamente la defensa de los particulares frente a actos de autoridad; las impugnaciones que, a la fecha, no se han resuelto, con toda seguridad serán en unos meses motivo de desechamiento o de negativa del amparo y protección de la Justicia de la Unión pedida por ciudadanos a quienes les queda claro el impacto negativo a la nación.

La tarde del pasado miércoles 16 de julio, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicaron 11 decretos que crean nuevos ordenamientos legales y modifican, vía reforma, adición o derogación, otros, todos ellos con la finalidad de tener un mayor control de la ciudadanía, sin que así sea reconocido por el hoy partido hegemónico.

Con el primer decreto, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

El segundo decreto expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; del Código de Justicia Militar, y del Código Militar de Procedimientos Penales.

Mediante el tercer decreto se expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; con el cuarto decreto se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; con el quinto decreto se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; con el sexto decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con el séptimo decreto se reforman y adicionan los artículos 47 Bis 4, 60 Bis, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre; con el octavo decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; con el noveno decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia ferroviaria y de armonización normativa.

El décimo decreto expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la cual, por cierto, se publica en tiempo y forma, atendiendo al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización, publicado el 15 de abril de 2025. Por último, con el onceavo decreto se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Lo que estamos viviendo es un fenómeno inflacionario en materia legislativa. La creación excesiva de normas como las anteriores genera confusión, inseguridad jurídica y dificulta la aplicación del derecho. Su creación no resuelve necesariamente problemas; contrario a ello, vendrán una serie de complicaciones al incrementarse la litigiosidad de asuntos frente a un Poder Judicial nacional socavado por el oficialismo, mientras las escuelas de derecho son rebasadas en sus programas de estudio; sus docentes difícilmente se actualizarán al respecto. @lvarezbanderas

rmr