Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera recomendaciones al gobierno de Michoacán y a la Fiscalía General del Estado por violación a la libertad, seguridad e integridad física y otros en agravio de comuneros de Arantepacua, el titular de la SSP, Israel Patrón Reyes aseguró que no se determinó responsabilidad relacionada a hechos ocurridos en 2017.
Al cuestionarle sobre el documento que emitió el organismo nacional en diciembre del año pasado, el funcionario comentó que se solicitó actualizar el marco jurídico y establecer un protocolo sobre el uso de la fuerza pública además de capacitar al personal para evitar violaciones a los derechos humanos.
"A la Secretaría de Seguridad Pública no se le determinó responsabilidad relacionada con esos hechos, si hubo participación en el evento pero no se involucraron en exceso o abuso de autoridad y la recomendación para el gobierno del estado es de reparación de daño para la comunidad".
De acuerdo con el expediente 42VG/2020, la CNDH emitió 15 recomendaciones, siete dirigidos al gobierno estatal y ocho a la Fiscalía General del Estado en los que se solicita una disculpa pública de las autoridades para dignificar a las víctimas con un reconocimiento de su responsabilidad, misma que deberá ser traducida al purépecha, difundida por radiodifusora y en un medio de comunicación local.
La revisión al marco normativo al que se refiere es aplicable al uso de la fuerza y adecuación a los estándares internacionales; la compensación e inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que puedan recibir atención médica, psicológica y tanatológica que requieran y la elaboración de un plan integral para la reparación del daño colectivo tendiente a la recuperación del tejido social.
Ésta última deberá realizarse de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Ayuntamiento de Nahuatzen y la comunidad de Arantepacua como con una perspectiva de género e interculturalidad, refiere el documento publicado en la página de la CNDH.
Cabe recordar que los hechos derivaron de un conflicto agrario y bloqueos carreteros por integrantes de las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, donde 38 representantes fueron detenidos "de forma violenta por una patrulla que custodiaba el autobús en el que viajaban" para sostener mesas de negociación con autoridades del estado.
Al tener conocimiento de nuevas manifestaciones por la liberación de los asegurados, la SSP desplegó un operativo conjunto con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en la que participaron 300 elementos. Durante la investigación, la SSP informó a la CNDH que fueron hostilizados por comuneros y que hubo disparos en su contra por lo que "repelieron la agresión y utilizaron fuerza letal".
Por lo que la CNDH "acreditó la violación al derecho a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; derecho a la integridad personal de 37 lesionados, incluidos ocho policías estatales; la vulneración del derecho a la libertad, la seguridad e integridad personal por tortura en 10 detenidos y tratos crueles, inhumanos y degradantes a 38 detenidos el 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población".
Por: Aned Ayala/SJS
