Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin modificaciones sustantivas respecto a los dictámenes aprobados el lunes pasado, este miércoles el pleno de la LXXIII Legislatura dio luz verde a las reformas a la Ley de Fiscalización Superior, al Código de Justicia Administrativa, y, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que forman parte del marco jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción que se pondrá en marcha en enero del siguiente año.
En entrevistas colectivas, legisladores locales admitieron que este segundo paquete de normas, importante para la puesta en marcha y operación del esquema anticorrupción, lleva algunas "inconsistencias" y/o "lagunas" que buscarán solventar más adelante, una vez aprobado el presupuesto.
Así lo planteó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Pascual Sigala Páez, quien sostuvo que uno de los retos es generar instrumentos legales que posibiliten la operación de un Sistema Estatal Anticorrupción que, a partir del trabajo que realice, "en tiempo y forma" la Auditoría Superior de Michoacán, se deriven castigos ejemplares para quienes hayan incurrido en el mal uso de los recursos públicos.
Ángel Cedillo Hernández, presidente de la comisión de Justicia, visualizó inconsistencias en la reforma al Código de Justicia Administrativa: "creo que no entendimos muy bien la propuesta que nos hizo llegar la presidenta del Tribunal (Griselda Lagunas Vázquez), porque ella hablaba de crear salas, jueces de primera y segunda instancia, y que en el proceso de caminación (sic) en las partes técnicas no le pudimos entender bien", indicó.
El parlamentario perredista añadió que la motivación para incorporar sólo dos magistrados al Tribunal, que serán los encargados de conocer los asuntos graves de corrupción por parte de servidores públicos, también fue económica, pues sólo se tienen 8 millones de pesos para concluir el proceso de integración de las nuevas magistraturas.
Contrastó que la propuesta que presentó el Tribunal de justicia Administrativa, a propósito del nuevo esquema anticorrupción, implicaba una erogación de 36 millones de pesos, no disponibles.
En ese contexto, fue enfático al exponer que una vez que se asigne el presupuesto para la operación de todo el Sistema en el 2018, se podrán hacer los ajustes que consideren pertinentes.
El punto relativo a la modificación del Código de Justicia Administrativa fue el que más reservas de artículos generó por parte de los diputados, aunque la materia de éstas no fue para generar cambios sustantivos sino cuestiones de redacción.
Se avaló la reserva del diputado priísta, Roberto Maldonado Hinojosa, para que a los artículos 1º y 154 se sustituyera el término "ayuntamientos" por "gobiernos municipales", así como la del perredista, Ángel Cedillo, para que en el segundo artículo transitorio se precisara que mientras se nombra a los magistrados especializados, los actuales resolverán de manera colegiada los procesos de apelación.
A propuesta del asambleísta del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, se incluyó otro artículo transitorio para que en un término de un año, instale el sistema de juicios en línea el Tribunal de Justicia Administrativa.
En enero, la operación del Sistema
Según información proporcionada por el presidente de la comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán, en el transcurso de los próximos meses vendrá la emisión de convocatorias y definición de los perfiles que habrán de formar parte del órgano interno encargado de vigilar el funcionamiento de la Auditoría Superior de Michoacán, además del nuevo fiscal anticorrupción.
kpmg
