Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras millones de mexicanos enfrentan trastornos emocionales sin atención ni respaldo legal, el Gobierno Federal prevé recortar en 2026 el presupuesto destinado a salud mental. Apenas 3 de cada 10 personas con padecimientos reciben atención adecuada, una cifra alarmante que evidencia una crisis silenciosa y prolongada.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto para salud mental sufrirá una reducción del 2.5%, con apenas 1.5% del total del presupuesto en salud, muy por debajo del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El informe Gasto en salud para 2026: Aumentos en hospitales y medicamentos; recortes en salud mental, revela que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones verá reducido su presupuesto en 90 millones de pesos, mientras que el único programa con incremento será el de Investigación y desarrollo tecnológico, que aumentará 89.8% respecto a 2025.
Para Ma. del Carmen Rigal, directora de la organización Común Ati, el problema no es nuevo pero sí cada vez más grave. “La salud mental en México sigue tratándose como un lujo y no como una urgencia de salud pública”, declaró. “No podemos hablar de bienestar si seguimos dejando fuera a millones de personas que no tienen acceso a tratamiento, acompañamiento ni protección jurídica”.
La organización también señaló que la falta de inversión tiene consecuencias agravadas en contextos de desastre o violencia, como ocurre en regiones de alto riesgo como Michoacán.
Aunado a la precariedad institucional, las personas con trastornos mentales enfrentan discriminación sistemática y exclusión legal. En muchos casos, no pueden decidir sobre su tratamiento ni defenderse ante abusos sociales o laborales.
“Durante años, familias enteras fueron silenciadas por una ley que les arrebataba su capacidad jurídica”, recordó Rigal. “Necesitamos políticas que incluyan la defensa legal como parte del tratamiento”.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que en 2025 llevará el lema “Acceso a servicios: salud mental en catástrofes y emergencias”, diversas organizaciones han elevado su voz para exigir acciones contundentes.
Tanto el CIEP como Común Ati advierten sobre un aumento en el suicidio juvenil, casos sin diagnóstico y desigualdad social como síntomas visibles de una crisis que no puede seguir ignorándose.
Las instituciones proponen reorientar los recursos a programas comunitarios, garantizar atención accesible y fortalecer el marco legal que proteja los derechos de las personas con trastornos mentales.
En un país como México, expuesto a violencia estructural, desastres naturales y desigualdad social, el abandono de la salud mental no es sólo una omisión presupuestaria: es una emergencia humanitaria.
RPO
