Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El debate sobre la muerte asistida y la autonomía del individuo en el tramo final de su vida ha cobrado nueva urgencia en México, impulsado por iniciativas legislativas nacionales y casos concretos que ponen a prueba los marcos legales estatales. Michoacán, con una ley de Voluntad Anticipada vigente desde 2009, se encuentra en una encrucijada: mientras el Congreso local muestra apertura a discutir la eutanasia activa, un caso emblemático en Zamora evidencia los desafíos y las resistencias institucionales para aplicar plenamente los derechos al final de la vida.
A nivel legislativo, la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán ha manifestado una postura de apertura cautelosa al análisis de la legalización de la eutanasia. La diputada Emma Rivera Camacho señaló que, si bien Morena históricamente prioriza la protección de la vida, es imperativo abrir la discusión a argumentos científicos, legales y morales, priorizando la voz de las familias afectadas. Por su parte, el diputado Juan Pablo Celis Silva reafirmó esta pluralidad, indicando que la labor legislativa se enfoca en causas colectivas, aunque reconoció su postura personal a favor de la muerte digna, siempre que esté "muy bien regulada".
Este diálogo en el Congreso se da en un contexto donde el tema ha sido puesto sobre la mesa nacional, buscando homologar criterios y tipificar la conducta penalmente. La apertura de Morena indica que cualquier iniciativa que busque ir más allá de la eutanasia pasiva (rechazo de tratamientos, ya contemplada en la ley estatal) encontrará un espacio de discusión en el Poder Legislativo michoacano.
El estado registró un hito el pasado 17 de julio de 2023 con la primera solicitud formal de muerte anticipada digna dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El solicitante fue una persona de la tercera edad residente de Zamora, quien argumenta padecer un trastorno mental severo que hace su vida "un infierno", apelando directamente a la Ley Estatal de Voluntad Vital Anticipada, vigente desde 2009.
La situación se visibilizó cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió medidas cautelares en favor del solicitante ante la falta de respuesta favorable del IMSS. El escrito dirigido al director del Instituto, Eduardo Vega, fue explícito:
"Padezco un trastorno mental de personalidad, el cual hace que mi vida sea un infierno", solicitando la aplicación de la ley estatal para acceder a una muerte digna.
La intervención de la CEDH, a través de su Visitaduría Regional de Zamora, subrayó la tensión entre el derecho a una muerte digna y la respuesta institucional.
La Ley Trasciende es una propuesta impulsada por activistas y organizaciones civiles, como Samara Martínez, quien padece una enfermedad renal terminal. La ley busca humanizar la muerte y evitar que los mexicanos mueran en condiciones de dolor, miedo y agonía, reconociendo el derecho del individuo a decidir sobre su propio final.
Actualmente, aunque la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos en la legislación general mexicana, cerca de veinte estados (incluyendo Michoacán, con su Ley de Voluntad Anticipada) ya permiten a los pacientes rechazar tratamientos médicos en momentos críticos (eutanasia pasiva).
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