Por: Salvador Gaytán
Ciudad de México (Rasainforma.com).-El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó una "verificación oficiosa" en contra de las instancias públicas involucradas en la recolección y tratamiento de datos personales mediante el uso del software espía Pegasus.
En 2017, un informe de la organización The Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló que Pegasus fue utilizado por el gobierno federal para intervenir teléfonos móviles de periodistas y activistas de organizaciones no gubernamentales.
El pasado 18 de septiembre, Citizen Lab alertó que todavía seguían activas tres cuentas de usuario del software espía. Así lo recordó durante la sesión del INAI el comisionado Joel Salas Suárez, autor de la ponencia sobre el caso, y que publicó su intervención en su página web con el título "Posicionamiento sobre aprobación de verificación oficiosa a la PGR por posible incumplimiento de la LGDPDP (Ley General de Protección de Datos Personales) en posesión de sujetos obligados, en relación con el caso Pegasus".
"Las personas cuyos derechos pudieron ser vulnerados, y los mexicanos en general, requieren tener certeza de que los posibles responsables serán llamados a rendir cuentas y, si es el caso, serán sancionados", dijo Suárez.
Explicó que para devolver la confianza y seguridad a los posibles afectados, así como la credibilidad al gobierno federal, es necesario esclarecer cualquier duda o suspicacia respecto a este caso.
"No es posible hablar de apertura y cocreación cuando alguna de las partes deja de confiar en la otra o bien actúa de forma simulada o contradictoria. Nuestro país tiene pendiente responder a nivel internacional por este caso, una razón más para desarrollar y concluir efectivamente las investigaciones correspondientes", agregó.
Asimismo, recordó las organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto llamaron a la administración entrante a retomar la agenda de este caso y reparar el proceso.
Retomar la agenda y reparar el proceso de México en la AGA significará que el próximo gobierno federal se compromete con lo anterior contribuyendo en dos frentes. El primero es que impulse, en el ámbito de sus atribuciones, el avance expedito de la investigación en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.
"El segundo es que facilite la coordinación con otras autoridades, como el INAI, que también son competentes para salvaguardar algún derecho fundamental de los posibles afectados", dijo el comisionado.
Con información de Proceso
