Morelia, Michoacán (Boletín).- En respuesta al abandono que viven diversas comunidades de la entidad, provocado por presiones emanadas de grupos delictivos, el diputado Sergio Báez Torres, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se emite la Ley para Prevenir y Atender a las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Michoacán, mediante el cual se pretenden imponer penas de hasta 12 años de prisión en contra de quien aliente este tipo de prácticas ilícitas.
El diputado justificó que su iniciativa responde a los múltiples desplazamientos que enfrentan los habitantes de diferentes demarcaciones en el estado, a consecuencia de la presencia de células delictivas que buscan tomar el control de las mismas.
Precisó que con la iniciativa expuesta ante el Pleno se reconoce el tipo penal del delito de desplazamiento forzado interno, estableciéndose que, quien, utilizando la violencia o cualquier otro medio coactivo, se dirija contra una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su lugar de residencia, se le impondrá prisión de 6 a 12 años y de 300 a 600 días de multa.
Valiéndose de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador expuso que, "… en su artículo 4°, se establece que toda persona tiene derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, a una vivienda digna y decorosa, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud; prerrogativas propias e inherentes a los seres humanos que son también reconocidas en diversos tratados internacionales".
Sin embargo, Báez Torres lamentó que, "… desde hace cuando menos 8 años, en Michoacán se ha presentado un fenómeno derivado de la violencia, que consiste en el hecho de que personas o incluso familias enteras se ven obligadas a salir de un momento a otro, del lugar en el que a habitan debido a presiones provocadas por los grupos delincuenciales que operan en nuestro territorio; lo que se traduce en violaciones sistemáticas a diversos derechos, entre ellos el derecho la vida, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad Humana, la libertad, la seguridad personal y publica, la igualdad, el patrimonio económico, el trabajo, la libre movilización, la convivencia, la paz, el derecho a escoger el lugar de domicilio, a la expresión y de asociación; y más grave aún, con esta conducta se violentan un gran cumulo de los derechos de los niños, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad".
Este tipo de problemáticas, dijo, son comunes en localidades como Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chinicuila, Peribán y Coahuayana, municipios que, desde la propia óptica del propio Ejecutivo estatal, resultan ser de los más vulnerables en materia de seguridad.
Reprobó que las autoridades estatales no cuenten con datos oficiales respecto a este tema conocido como desplazamiento forzado de personas, de manera que es aún una incógnita el número de víctimas que han tenido que abandonar sus respectivos lugares de vivienda por esta situación.
"En consecuencia, se ha elaborado esta iniciativa con la que se busca emitir la Ley para Prevenir y Atender a las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Michoacán de Ocampo; con la que, se escucha y atiende por primer vez a todas aquellas voces que claman por la seguridad de sus familias, que se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia, que tienen incertidumbre por la seguridad o destino de su patrimonio, que se ha quedado sólo; y que anhelan volver algún día al lugar en que vivían", puntualizó el diputado.
Dijo que en su iniciativa se establece la obligación de que las autoridades estatales y municipales reconozcan la existencia de la problemática, pero no solo eso, sino también prevenir y atender dicho fenómeno social, de manera diligente, humana, con un enfoque diferencial, transformador, de manera gratuita y en condiciones de igualdad.
Con ello, agregó, se crea el Mecanismo para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, en donde lejos de aumentar la estructura burocrática de los entes gubernamentales, se optimice la existencia de los recursos humanos con los que ya cuentan el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.
A la par, señaló que se propone la creación del Registro Estatal de Personas Desplazadas, cuyos datos serán alimentados por las autoridades estatales, en coordinación con las municipales, con la finalidad de que la información recabada por las mismas, permita diseñan programas y estrategias para prevenir el problema.
El legislador de extracción morenista concluyó al solicitar sensibilidad a los integrantes de la LXXIV Legislatura, a quienes se dirigió para urgir la importancia de blindar la integridad y derechos de las y los michoacanos ante la crisis de seguridad que impera en diferentes puntos de la entidad.
PO
