Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el primer juicio de inconformidad contra la reciente elección de dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que el promovente no contaba con la legitimación jurídica necesaria para impugnar el proceso.
El recurso fue promovido el pasado 27 de junio por Iván Bravo Olivas, exjuez en Durango, quien argumentó que fue excluido de la lista de personas consideradas idóneas para el cargo, pese a haberse postulado como aspirante a magistrado de circuito en el proceso extraordinario 2024-2025.
Durante la sesión del Pleno celebrada este martes, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral únicamente otorga facultad para impugnar a quienes integraron formalmente la lista de candidaturas en el proceso de elección del pasado 1 de junio. “No es suficiente la calidad de aspirante para considerar que cuenta con legitimación. La ley es clara en que solo los candidatos o candidatas pueden presentar este tipo de juicios”, puntualizó el ministro.
El asunto fue votado por votación económica en menos de tres minutos, en lo que fue una de las últimas sesiones del Pleno antes del relevo de ministras y ministros de la Corte.
Sin embargo, sigue pendiente un segundo juicio de inconformidad, promovido en julio por el colectivo Poder Ciudadano y la asociación Amigos en Colaboración, representados por Gabriela Lorena Sterling Ávalos. Dicho recurso fue admitido por la ministra presidenta Norma Piña el pasado 8 de julio y se encuentra en estudio del ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá presentar un proyecto de sentencia en los próximos días.
En esta demanda, las organizaciones impugnaron las constancias de mayoría entregadas a Gilberto Guzmán Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho, así como la declaratoria de validez de la elección y el procedimiento de asignación paritaria.
A pesar de haber sido admitido a trámite, este segundo juicio también podría ser desechado por el mismo motivo que el anterior: la LGSMIE establece que solo las personas candidatas tienen derecho a impugnar las elecciones judiciales, lo que limitaría la validez legal del recurso interpuesto por organizaciones ciudadanas.
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