Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La desaparición de los órganos autónomos garantes del derecho de acceso a la información pública significaría un retroceso en la consolidación del sistema democrático y el combate a la corrupción, pero es indispensable avanzar hacia la llamada transparencia proactiva coinciden César Sereno Marín y Abraham Montes Magaña.
Advierten que la propuesta de reforma para desaparecer el órgano garante para trasladar sus funciones y facultades a dependencias gubernamentales o crear otro sin autonomía significaría no sólo un retroceso, sino una amenaza directa al derecho a la información; las reformas deben orientarse hacia la simplificación de trámites, disminución de tiempos de respuesta y mejoramiento de archivos y repositorios documentales, comentan en entrevistas por separado en el programa radiofónico En Contexto. Abriendo la conversación en Michoacán que se transmite por el 105.1 de f.m. de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 horas.
César Sereno, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán, aclara que ser más “transparente” tampoco significa ser “más honesto” y por ello se decanta por una reforma para alcanzar lo que se denomina “transparencia proactiva”.
“Pareciera en el discurso que si eres transparente o se puede acceder a información pública entonces ya no eres corrupto y no, el acceso a la información y la transparencia son instrumentos, es una herramienta más de otras muchas que se tienen en el combate a la corrupción, otra herramienta puede ser la ética pública, otra puede ser la fiscalización, otra es la sanción penal de actos corruptos (…) tenemos que redimensionarlo, hemos llevado el acceso a la información a una burocratización y donde a veces la información que se encuentra en esas páginas, en esas plataformas no es lo que la ciudadanía requiere”.
Abraham Montes, presidente del Instituto Michoacano de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (IMAIP) reconoce que existen muchas áreas de oportunidad para que la información pública sea de más fácil acceso y sobre todo de mayor utilidad para la ciudadanía. Uno de los aspectos que podrían mejorarse, dice, es el tiempo de respuesta y una mayor disposición de los sujetos obligados para poner la información al servicio de la sociedad.
“Lanzamos una convocatoria en el que 56 instancias del estado, llámese municipios, partidos políticos, justicia abierta, se comprometieron e hicieron una declaratoria de compromiso para cumplir con cada una de las obligaciones de transparencia y tratar de minimizar el tiempo de respuesta, es decir, adquirieron un compromiso mayor al que establece la ley para poder cumplir con los requisitos que nosotros establecemos para poder establecer este tema de municipio abierto, de gobierno abierto, de parlamento abierto, de justicia abierta, y lo que estamos trabajando, un estado abierto”.
Al igual que Sereno Marín que menciona que mayor transparencia no significa menor corrupción, Montes Magaña reconoce que un mayor número de solicitudes de información no significa más transparencia; podrían registrarse menos solicitudes si la información en manos de los sujetos obligados estuviera a disposición de la población, más allá de la que están obligados por ley a mantener en sus portales.
Al ser cuestionado sobre la serie de reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República para la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Montes Magaña recuerda el largo proceso de casi medio siglo que le ha llevado al país el reconocimiento y la protección de estos derechos.
Aunque no rechaza de forma directa la iniciativa, explica que desde hace casi cinco décadas, cuando se estaban elaborando y fundamentando las iniciativas de reformas para regular el derecho de acceso a la información pública, se planteó la cuestión de cuál institución debería ser la encargada de garantizar la protección de este derecho y se analizaron varias opciones: desde contralorías, la CNDH o incluso el órgano electoral pero al final se comprendió que se requería una institución descentralizada (inicialmente y después en 2014 ya como organismo autónomo) y fue que nació en 2002 el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
Por ello, explica César Sereno, es preferible continuar impulsando reformas que fortalezcan la autonomía de los órganos garantes y perfeccionando los mecanismos para la solicitud y entrega de información en posesión de los sujetos obligados. Uno de los retos también es instaurar la transparencia como “un valor organizacional de los entes públicos”.
Defender la autonomía está bien, dice, pero también impulsar la profesionalización y la selección de los mejores perfiles para contar con personal altamente calificado, sin vínculos con partidos políticos o gubernamentales que den mayor certeza a la ciudadanía.
mrh
