Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Ante el incremento en la movilización de recursos institucionales para la localización de personas, la diputada local de Morena, Melba Alvabera Padilla, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 272 Bis al Código Penal del Estado de Michoacán. La propuesta busca sancionar penalmente a quienes, con dolo y pleno conocimiento de la falsedad de los hechos, realicen denuncias o reportes de desaparición que provoquen la activación innecesaria de protocolos de búsqueda.
La legisladora sustentó su propuesta en datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalando que tan solo durante el año 2025 se activaron 2 mil 148 mecanismos inmediatos de búsqueda en Michoacán. Si bien resaltó el compromiso de las autoridades, advirtió que cuando estos procesos se inician por motivos personales, evasión de responsabilidades o mala fe, se compromete gravemente la capacidad de respuesta para casos que sí representan un peligro real.
En la exposición de motivos, Alvabera Padilla subrayó el daño colateral que estas conductas generan tanto en el erario como en la sensibilidad social: “Estas conductas, que pueden originarse en conflictos personales, evasión de responsabilidades o incluso en actos de mala fe, provocan un desvío indebido de recursos públicos, obstaculizan la atención de casos reales y comprometen la eficacia de las acciones urgentes que deben privilegiarse en situaciones donde el tiempo resulta determinante”.
La reforma propone imponer penas de seis meses a tres años de "semilibertad", además de multas que van de las 50 a las 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Se establece que la sanción se aplicará específicamente a quien, con la intención de inducir al error, formule un aviso o reporte que movilice a las instituciones de seguridad, procuración de justicia o cuerpos de auxilio.
Asimismo, la iniciativa contempla agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una mitad. Entre estos supuestos se encuentran la movilización de operativos a gran escala, la obstaculización de investigaciones de casos reales de desaparición en curso, el uso de documentos falsos o identidades simuladas, y situaciones donde el responsable sea un servidor público que utilice su cargo para cometer la falta.
“A quien, con conocimiento de su falsedad y con la intención de inducir a error a la autoridad, formule denuncia (...) cuando se acredite la inexistencia del hecho denunciado, se le impondrán de seis meses a tres años de semilibertad”, detalla el texto del decreto propuesto, el cual puntualiza que el delito se perseguirá de oficio para garantizar la integridad del sistema de búsqueda.
Finalmente, la diputada aclaró que la ley protege a quienes actúan bajo "error razonable" o buena fe, por lo que no se castigará a ciudadanos cuyos reportes resulten inexactos si existía un temor fundado sobre la desaparición. Con esta medida, se busca evitar la trivialización de un fenómeno tan grave como la desaparición forzada y asegurar que cada minuto y cada recurso del Estado se destinen a salvar vidas en situaciones críticas.
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