Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un nuevo intento por blindar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras un feminicidio, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó por segunda ocasión la iniciativa conocida como "Ley Monzón" ante el Congreso de Michoacán. La propuesta busca que se suspenda la patria potestad desde el auto de vinculación a proceso y se pierda de manera definitiva al dictarse una sentencia condenatoria contra el padre que haya asesinado o intentado asesinar a la madre.
Esta iniciativa no es nueva para la Legislatura michoacana. El primer antecedente se remonta al 30 de mayo de 2023, cuando el entonces diputado Ernesto Núñez Aguilar puso el tema sobre la mesa; sin embargo, a pesar de la urgencia social, la propuesta no logró transitar hacia el Pleno y permaneció en el rezago legislativo. Ahora, es la diputada Sandra Arreola Ruíz quien retoma la estafeta para armonizar el Código Familiar del Estado con los precedentes nacionales de estados como Puebla y la Ciudad de México.
La "Ley Monzón" surge del trágico feminicidio de Cecilia Monzón, abogada y activista que fue militante del PVEM en Puebla, cuyo autor intelectual fue su expareja y padre de su hijo. La iniciativa presentada en Michoacán destaca que nada justifica que un menor de edad se vea obligado a convivir o permanecer bajo la tutela de un progenitor que ha privado de la vida a su madre, pues el interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier "derecho" parental.
“La Patria Potestad parte de la premisa de que un menor de edad no puede cuidarse a sí mismo y necesita educación, cuidado y protección de sus padres para sobrevivir. Pero, en atención al interés superior de las infancias, los órganos jurisdiccionales deben abandonar el viejo concepto de la Patria Potestad como poder omnímodo de los progenitores sobre las y los hijos”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
El proyecto de decreto propone adicionar fracciones a los artículos 422 y 425 del Código Familiar local. Con esto, la suspensión de los derechos parentales sería una medida cautelar inmediata al momento en que un juez vincule a proceso a un hombre por feminicidio, evitando que el imputado pueda decidir sobre la vida o el cuidado del hijo mientras enfrenta el juicio, una situación que actualmente deja en vulnerabilidad a las familias de las víctimas.
Sandra Arreola subrayó que esta medida no debe verse como una sanción penal adicional, sino como una protección civil necesaria. Argumentó que los menores que pierden a su madre por feminicidio enfrentan traumas profundos que se agravan si el Estado permite que el agresor mantenga influencia o control sobre ellos. En Michoacán, donde los casos de violencia feminicida persisten, esta reforma cerraría una brecha legal que ha permitido a feminicidas seguir ejerciendo poder sobre sus hijos desde la prisión.
Finalmente, la legisladora recordó que la pérdida de la patria potestad también se aplicaría en casos de feminicidio en grado de tentativa, reconociendo que la violencia extrema contra la madre es motivo suficiente para considerar que el entorno con el padre es de alto riesgo.
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