Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Visitadora del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, Carolina Villagrán, reconoció un distanciamiento del Poder Judicial Federal con la ciudadanía, por ello resaltó la necesidad de la reforma judicial, de la cual dijo, se debe seguir informando, difundiendo y replicando.
Durante su participación en el foro regional "Justicia para Todas", la experta en derecho defendió que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, va dirigida a la vida orgánica de la administración en todo el sistema de justicia, pues al ir en términos procesales, no se advierte una nueva forma de juzgar.
"Con la reforma no se están haciendo normas para decir que cómo vamos a juzgar o aplicar sanciones, nos está diciendo que la organización actual del Poder Judicial no nos ha funcionado para hacer a esta institución cercana a la ciudadanía, hemos permanecido sin comunicar qué es lo que hacemos, cómo nos dirigimos y cómo actuamos".
Este distanciamiento, dijo, ha generado en la ciudadanía desconfianza en los órganos de justicia, y la aplicación de la misma por parte de jueces y magistrados.
Además, Carolina Villagrán destacó de la reforma, la intención de independizar el Consejo de la Judicatura de la magistratura presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto al recordar que el Consejo a través de sus distintas comisiones se encarga de vigilar el actuar de jueces y magistrados, pero a cargo de la ministra presidenta.
"¿Ustedes creen que la misma persona encargada de resolver todos los asuntos de trascendencia nacional que eventualmente llegan a la Corte, tenga la capacidad operativa para también controlar toda esta operación de jueces y magistrados federales? Humanamente es imposible, el Consejo sesiona una vez a la semana, entonces no podemos elegar en una sola persona la responsabilidad de ambos órganos".
De los jueces y magistrados federales recordó, actualmente son mil 647, mientras de que la independencia del Consejo de la Judicatura, resalto, la reforma propone la sustitución de este órgano por un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial; el primero encargado de la recepción de denuncias e investigación de ministros, magistrados y jueces por actos contrarios a la ley; mientras que el segundo estaría enfocado a funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno.
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