Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La transparencia es el pilar sobre el cual descansa la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Sin embargo, la reciente auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha arrojado un velo sombrío sobre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que se posiciona como la tercera universidad pública del país con mayores observaciones en el ejercicio de recursos públicos. La cifra no es menor: 93.1 millones de pesos están bajo la lupa por probable daño a la Hacienda Pública, señaló contundentemente el diputado petista Hugo Rangel.
Las auditorías 1293 y 1294 revelaron un patrón preocupante de opacidad y descontrol en el manejo de los recursos universitarios durante el ejercicio fiscal 2023. Desde pagos sin justificación, adquisiciones a sobreprecios y erogaciones en nómina sin sustento, hasta el incumplimiento de normativas fundamentales como la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones. En palabras de la propia ASF, la Universidad infringió la legislación presupuestaria, generando un daño probable al erario público.
Este escándalo financiero ocurre en un contexto paradójico. Hace apenas unos meses, el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional para garantizar a la UMSNH un presupuesto mínimo del 4.5% de los recursos estatales, con un carácter progresivo, es decir, en aumento año con año. “El principio es claro: un mayor presupuesto debería traducirse en mayor transparencia y eficiencia en el gasto. No obstante, los hechos demuestran lo contrario. ¿Cómo justificar la inyección de más recursos en una institución que, hasta ahora, no ha demostrado capacidad para administrarlos con probidad?”, cuestionó el legislador.
“El dinero público no puede convertirse en un cheque en blanco”, advertía Hugo Rangel desde la tribuna en el momento en que se discutía la reforma. Quien además planteó con claridad la necesidad de un programa de austeridad y transparencia que garantizara que cada peso destinado a la Universidad impactara directamente en sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión cultural. Hoy, la realidad confirma las peores sospechas: en lugar de disciplina financiera, la ASF encontró opacidad, discrecionalidad y desorden administrativo.
“No se trata de simples anomalías administrativas, sino de una crisis de credibilidad que exige soluciones estructurales. La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH, recientemente presentada ante el Congreso, no puede reducirse a cambios cosméticos o simbólicos. Más que el debate sobre el nombre de la Universidad, urge una revisión profunda de sus mecanismos de control financiero”. Una propuesta clave en este sentido, presentada por el legislador, es que la designación del contralor y el tesorero universitario deje de ser facultad exclusiva de la rectoría y pase a manos de una mayoría calificada del Consejo Universitario. “La transparencia no debe depender de la voluntad de una sola persona, sino de estructuras institucionales sólidas, no se trata de una concesión, sino una obligación ineludible.”, concluyó.
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