Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Ante la escalada de violencia en la Meseta Purépecha, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, advirtió la posible infiltración del crimen organizado en las k’uárichas (rondas comunales). El líder perredista señaló que, al igual que sucede con las policías municipales en diversas regiones del estado, los cuerpos de seguridad de los autogobiernos no están exentos de ser cooptados por células delictivas.
Esta declaración surge tras el homicidio de dos comuneros en Sevina y los enfrentamientos armados en Charapan, hechos que para Ocampo Córdova evidencian no solo un “exceso de confianza” de las autoridades estatales, sino también una falta de control sobre quiénes integran las fuerzas de seguridad en las comunidades indígenas. El dirigente perredista reveló que, según reportes de la propia Secretaría de Seguridad Pública, existen comunidades donde las rondas bloquean el ingreso de la Sedena y la Guardia Nacional, lo que levanta sospechas sobre sus verdaderos intereses.
El dirigente subrayó que su intención no es criminalizar a todos los elementos de las rondas comunales, pero insistió en que es necesario realizar una revisión exhaustiva de estas corporaciones. Recordó que en muchas comunidades bajo el sistema de autogobierno se ha detectado una alta venta de drogas, lo que sugiere que el esquema de seguridad indígena está siendo rebasado o, en el peor de los casos, está permitiendo la operación de grupos criminales en sus territorios.
Además, Octavio Ocampo criticó la insuficiencia del “Plan Michoacán”, señalando que la estrategia de seguridad se ha concentrado en zonas como Uruapan y Tierra Caliente, descuidando la Meseta Purépecha bajo la falsa premisa de que era una zona tranquila. Esta falta de bases permanentes de la Guardia Nacional ha permitido, según sus palabras, que los delincuentes actúen con impunidad, dejando a la población civil en medio de enfrentamientos y quema de vehículos.
Finalmente, el líder del sol azteca recalcó que si las comunidades deciden optar por el autogobierno, deben ser capaces de conducir su seguridad con transparencia o, de lo contrario, el Estado debe intervenir para garantizar que estos cuerpos de seguridad no terminen siendo un brazo más de la delincuencia organizada.
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