Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la manifestación realizada por comuneros de Arantepacua frente a Casa Michoacán, la prensa solicitó la postura de la senadora Celeste Ascencio y de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, respecto a los hechos registrados.
Posterior a una rueda de prensa, la senadora Ascencio señaló que su trabajo se ha caracterizado por la defensa de los pueblos originarios, la libre expresión y las manifestaciones pacíficas no violentas.
En ese sentido, explicó que se ha mantenido coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal, instancia que ya había revisado previamente la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con la comunidad de Arantepacua —explicó—.
Asimismo, la senadora indicó que el gobierno de Michoacán ha sostenido desde hace años un diálogo constante con dicha comunidad. En referencia a la manifestación reciente, comentó lo siguiente: “Tengo entendido que lo que ocurrió es que hay un retraso por parte de la empresa constructora del hospital, no es que se estén incumpliendo los acuerdos por parte del gobierno del estado (...)”, precisó.
Aunque reconoció no haber estado presente en las mesas de diálogo, aclaró que se mantiene informada sobre la situación. En ese marco, hizo un llamado a la manifestación pacífica y al fortalecimiento del diálogo.
Por su parte, la diputada Fabiola Alanís Sámano expresó, en representación de la bancada, que lo fundamental ante este tipo de situaciones es privilegiar el diálogo como vía de solución.
Explicó que el motivo de la manifestación está relacionado con la falta de conclusión del hospital comunitario en Arantepacua, pero destacó que ya se ha instalado una mesa de diálogo. “Afortunadamente ya hay una mesa de diálogo; está la Secretaría de Gobierno con una comisión de las y los compañeros de Arantepacua (...)”, concluyó.
Cabe resaltar que dicho nosocomio fue prometido como parte de las medidas de reparación tras la irrupción policiaca del 5 de abril de 2017. Desde entonces, la comunidad ha demandado su cumplimiento como una forma de garantizar el acceso a servicios de salud y de justicia social.
RPO
