Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para romper el ciclo de impunidad que rodea a las agresiones en el ámbito privado, la diputada local de Morena, Jaqueline Avilés, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán y establecer que el delito de violencia familiar se persiga de oficio. Esta modificación permitiría que las autoridades inicien investigaciones sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, eliminando el requisito de “querella” que actualmente frena la acción de la justicia.
Se estima que más del 90% de los casos de violencia familiar en México no se denuncian. Según la exposición de motivos de la legisladora, las víctimas se encuentran atrapadas en una red de dependencia económica, miedo y manipulación emocional que les impide dar el primer paso legal contra sus agresores.
En Michoacán, las cifras reflejan una crisis creciente. Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la entidad registró 13 mil 474 casos de violencia familiar. Peor aún, durante los primeros meses de 2025 se ha documentado un incremento del 25% en la incidencia mensual de este delito, lo que evidencia que la violencia no solo persiste, sino que se ha agravado de manera sistemática.
La reforma al artículo 178 del Código Penal busca que el Estado asuma su responsabilidad de protección reforzada, alineándose con tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará. La iniciativa subraya que el miedo al agresor o la presión social no deben ser obstáculos para que el Ministerio Público actúe de manera inmediata y eficaz desde el primer conocimiento de los hechos, por cualquier medio.
El decreto propuesto establece penas de uno a cinco años de prisión para quienes ejerzan violencia física, psicológica, patrimonial o económica, además de la suspensión de derechos sucesorios y la obligatoriedad de someterse a tratamiento psicoterapéutico.
RPO
