Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La controversia sobre la elegibilidad de un candidato a la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán ha escalado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).
El caso se centra en el cumplimiento de los requisitos académicos de uno de los aspirantes, Alfredo Flores, específicamente el promedio mínimo de 8 en la licenciatura, pues el candidato electo salió de la carrera de Derecho con 7.8 puntos y sin cursar posgrados ni maestrías. El TEEM determinó que el actor, Saúl Mora Padilla, no proporcionó la carga probatoria suficiente.
Cuatro de cinco magistrados declararon al candidato elegible. Derivado de esta sentencia, Mora Padilla acudió a la presentación de un juicio de revisión constitucional ante la Sala Superior del TEPJF, la máxima instancia en materia electoral.
La impugnante argumenta que el candidato no solo carece del promedio mínimo requerido, sino que tampoco posee estudios de posgrado que pudieran compensar dicha deficiencia. Además, señala que en el expediente del candidato obran constancias que evidencian su incumplimiento, incluyendo una calificación de 7.8 en su licenciatura. La controversia ha generado debate sobre la idoneidad de los aspirantes a impartir justicia, especialmente en un órgano encargado de evaluar a jueces y magistrados.
"Resuelven aquí así en este tribunal y yo voy a seguir defendiendo en la siguiente instancia", declaró, al tiempo de subrayar su determinación de llevar el caso hasta la Sala Superior.
"Yo estoy obligado a promover un juicio de revisión constitucional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Allá es a donde voy a ir para presentar mi inconformidad sobre la decisión de este tribunal".
La Sala Superior del TEPJF es la encargada de resolver en última instancia los conflictos electorales a nivel federal y regional. Su decisión podría ser determinante para definir la elegibilidad del candidato y sentar un precedente sobre la interpretación de los requisitos para acceder a cargos judiciales.
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