Feminicidios a menores de edad deben ser severamente castigados: Adriana Hernández

La legisladora propone reformar el Código Penal del Estado, para mayores penas a feminicidas de mujeres menores de edad o incapaces de resistirse al hecho
Feminicidios a menores de edad deben ser severamente castigados: Adriana Hernández
La legisladora apuntó que dentro del feminicidio no se deben soslayar acciones urgentes, como lo es la visibilización y el incrementar las penas cuando este delito se cometa contra personas en desarrolloILUSTRATIVA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los feminicidios en contra de las mujeres menores de edad o aquellas incapaces de resistirse al hecho deben ser severamente sancionados, subrayó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó este jueves una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en diferentes tópicos relacionados con el delito de feminicidio.

En la iniciativa se plantea aumentar la pena por feminicidio, hasta una mitad más, si la víctima es menor de edad o incapaz de resistir el hecho
En la iniciativa se plantea aumentar la pena por feminicidio, hasta una mitad más, si la víctima es menor de edad o incapaz de resistir el hechoCORTESÍA

Se propone también, la incorporación de tres circunstancias más que permitan catalogar como feminicidio el asesinato de una mujer: que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

Desde la máxima tribuna del Estado, la legisladora apuntó que dentro del feminicidio no se deben soslayar acciones urgentes, como lo es la visibilización y el incrementar las penas cuando este delito se cometa contra personas en desarrollo, incapaces de repeler una agresión de tal magnitud.

La iniciativa plantea además sancionar con prisión de tres a ocho años, así como con destitución, inhabilitación y multa al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.

“Es imperante legislar, implementar y reforzar las políticas públicas necesarias con presupuestos irreductibles para su debida operación y estar en la posibilidad real de garantizar una adecuada tipificación y atención integral a las víctimas directas e indirectas a través de personal especializado y calificado con perspectiva de género”
subrayó

RPO

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