Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Macarena Chávez, secretaria en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados condenó y catalogó la declaratoria de "Seguridad Nacional" para la construcción del "Tren Maya" como un capricho ecocidio.
En ese sentido, se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo por el que esta soberanía cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana; Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, para que informen de manera exhaustiva sobre la decisión de declarar a la construcción del “Tren Maya” como: “obra de seguridad nacional”.
Asimismo, la diputada Federal explicó que se demandará a los funcionarios que expliquen las previsiones a ejecutar para resguardar el ecosistema, la biodiversidad, los acuíferos y evitar impactos adversos sobre las especies de flora y fauna de la selva maya, considerada uno de los más importantes pulmones de América Latina y el planeta.
La legisladora censuró el hecho de que, a pesar de que hay diversos amparos otorgados a organizaciones y activistas -que han denunciado irregularidades y violaciones constantes a las leyes medioambientales del país y acuerdos signados por México a nivel internacional- el gobierno Federal ha reanudado los trabajos en algunos puntos del Tramo 5.
Este Tramo, -recordó- Macarena Chávez, es el mismo por el que el pasado 30 de mayo, el Juez Adrián Fernando Novelo Pérez concedió una suspensión definitiva contra la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento hasta en tanto el gobierno no presente las pruebas que dieron origen al resguardo de dicho lugar.
En el documento registrado ante la Permanente, señaló la representante popular que, ante dichas suspensiones y la terquedad y empecinamiento del Ejecutivo Federal de “terminarlo a finales del año próximo”, el pasado 18 de julio -en sesión del Consejo de Seguridad- se determinó clasificar al “Tren Maya” como una “obra de seguridad nacional” en un intento por evadir la ley a fin de reanudar las actividades frenadas por un juez federal, y separando a Fonatur de la responsabilidad para delegarla a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad”.
Una de las acciones de inconstitucionalidad corrió a cargo del Senado de la República, en tanto que el otro fue interpuesto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En consecuencia, la SCJN declaró la suspensión parcial del Acuerdo en cuanto hace al acceso a la información relativa a tales proyectos.
Las problemáticas desatadas por dicha obra son de diversa índole, entre otras las de materia de transparencia, costos y sobrecostos de la obra; pero principalmente las ligadas al impacto ambiental, con el ecocidio de miles de árboles talados para la construcción de vías y estaciones, lo que a su vez impactará sobre la fauna local y la calidad del aire.
RPO
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