Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, informó que ante el Congreso de Michoacán el número de suspensiones contra la reforma al Poder Judicial se mantiene en 28, y no se ha actualizado un número de ordenamientos.
"Son 28; nos quedamos en ese número, ya no hubo más porque también estaban esperando de alguna manera cómo resolvería en su momento la Suprema Corte. En su mayoría fueron promovidos por propios funcionarios del Poder Judicial, es decir, los magistrados en muchos circuitos interpusieron los amparos y los jueces concedieron las suspensiones respecto a la demanda que plantearon en muchos casos los propios magistrados federales".
Magaña de la Mora aseguró que, de las 28 suspensiones no todas estaban dirigidas a la reforma local, aprobada el pasado 24 de octubre, incluso, dijo, algunas de esas resoluciones fueron emitidas por juzgados de Jalisco y de Chihuahua, las cuales ya fueron respondidas por el Poder Legislativo de Michoacán.
"De otros estados estaban pidiendo la no adecuación de la reforma en las entidades y fue lo que nosotros contestamos, que no había una competencia para llevar a cabo la concesión de una suspensión. Ya se respondieron, como son jueces federales muchas veces se piensa que se tiene competencia en todo el país, pero hay límites respecto a las competencias".
Un documento emitido por la presidencia del Congreso, copia en poder de MIMORELIA.COM, da cuenta del informe sobre las 28 suspensiones notificadas hasta el 19 de octubre, todas en función de que "las legislaturas locales se abstengan de realizar las adecuaciones a sus constituciones locales a que se refiere al artículo octavo transitorio", el cual habla de la homologación de la Reforma Judicial federal a los Poderes Judiciales estatales.
Se habla también en el oficio de una suspensión provisional emitida por el juzgado sexto de distrito federal de Uruapan, y nueve suspensiones provisionales emitidas por los juzgados primero, cuarto, quinto, sexto y noveno, todos del estado de Michoacán, todas ordenando que "las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente y para efecto de que los quejosos sean excluidos de las consecuencias del acto reclamado y, en su caso, no puesto no sea considerado para la elección de jueces".
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