Ciudad de México (Boletín).- La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) que encabeza Ing. Ricardo Luna García, participó el día de ayer en la presentación del Programa Basura Cero en la capital del país, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (Semarnat), en donde se estableció el compromiso de trabajar de manera conjunta en la elaboración de políticas públicas para la gestión y el buen manejo de residuos.
Dicho evento, encabezado por Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular de la Semarnat, contó con la participación de instituciones científicas y educativas de distintos puntos del país, con el propósito de trabajar de manera conjunta en la elaboración de políticas públicas para la gestión y el buen manejo de residuos.
La preocupación crece, toda vez que, en México, hay entre mil quinientos y tres mil tiraderos a cielo abierto, lo que representa un foco de riesgo sanitario.
El propósito del evento es llevar a cabo el diseño de una política de residuos, "Basura Cero, de las palabras a los hechos"; el programa busca ser implementado en los centros educativos de los estados, promoviendo la separación de residuos en 5 categorías y, en este marco, aprovechar algunos desechos, como la basura orgánica, que sea utilizada como composta o el uso de papel sanitario de rápido desfibre.
En 2015, el INEGI informó que, de los centros de disposición final 240 son rellenos sanitarios y más de 2 mil 500 tiraderos contaminan el país.
Durante la presentación, se puso de manifiesto la importancia de la corresponsabilidad social, "la responsabilidad es de quien genera residuos y tienen que asumir los costos que esto implique".
La UNAM, Campus Morelos adoptó ya el proyecto, aportó para el programa que la infraestructura sin acciones no da ningún resultado; por ello, es importante se desarrollen tres aspectos básicos: generar una cultura de separación de residuos y maximizar el reciclaje desde el hogar; y que las autoridades asuman plenamente la responsabilidad que les toca, mientras que las autoridades académicas deben solicitar a los proveedores evitar el mayor impacto posible.
PO