Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED113).- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obtuvo vinculación a proceso contra dos exservidores públicos, por su posible relación en el delito de cohecho; además, uno de ellos, también fue vinculado por ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo a datos de prueba, Oscar F., y José Ramón A., se encontraban asignados como defensores públicos de un imputado por robo de vehículo; sin embargo, el 29 de septiembre del año pasado, el primero de ellos le solicitó al padre del detenido, la cantidad de 20 mil pesos para un supuesto pago de reparación del daño que, según dijo el servidor púbico, permitiría la liberación del imputado
A efecto de atender la petición económica, José Ramón proporcionó su cuenta bancaria, en la que el padre del detenido hizo dos depósitos por dos cantidades diversas; sin embargo, en ningún momento se realizó la gestión para pago de reparación del daño, ni se promovió alguna salida alterna al proceso que facilitara la libertad del detenido.
No obstante que, con fecha 30 de septiembre venció su nombramiento como defensor, el día 1 de octubre de 2018, Oscar F., compareció en audiencia intermedia como defensor público y continuó ejerciendo ese cargo.
Al ser dados a conocer estos hechos por el imputado a la Jueza presidenta de Tribunal de Enjuiciamiento, ésta ordenó dar vista, en ese entonces, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se iniciara la investigación penal correspondiente, respecto a la denuncia formulada por el acusado.
En virtud de lo anterior y de conformidad a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, integró la Carpeta de investigación y solicitó al Juez de Control la citación de los ex servidores púbicos.
Una vez que se formuló imputación, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los ex servidores públicos por su posible relación en el delito de cohecho, en tanto que Oscar F., también fue vinculado por el hecho que la ley señala como delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado por el Código Penal del Estado.
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