Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Javier Milei ha desatado una fuerte polémica tras la reinstauración de una terminología obsoleta y considerada discriminatoria para clasificar los distintos grados de discapacidad intelectual en Argentina. Mediante un decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), publicado el 14 de enero, se recuperaron términos en desuso como "idiota", "imbécil" y "débil mental" en la evaluación de personas que solicitan una pensión por invalidez.
Diversas organizaciones de derechos humanos y asociaciones que representan a las personas con discapacidad han expresado su rechazo a la medida, argumentando que representa un grave retroceso en derechos y contraviene normativas internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada por Argentina con rango constitucional en 2008.
El decreto revive la nomenclatura utilizada en una normativa de 1998 durante el gobierno de Carlos Menem, que posteriormente fue modificada para ajustarse a estándares internacionales de derechos humanos. En el anexo del documento, los grados de discapacidad intelectual son descritos con términos que han sido ampliamente cuestionados por especialistas y activistas. Entre las definiciones incluidas, se menciona que "el idiota no atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas y no puede subsistir solo"; mientras que "el imbécil no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales y puede realizar tareas rudimentarias".
La modificación pasó desapercibida hasta que su contenido se hizo viral en redes sociales, generando indignación en distintos sectores. La cuenta "Arrepentidos de Milei" en X (antes Twitter) difundió la información este jueves, lo que provocó una inmediata respuesta de la opinión pública y de diversas ONGs.
El 3 de febrero, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis organizaciones presentaron un reclamo formal al Ejecutivo para exigir la derogación del decreto. En su escrito, denunciaron que "esta regulación implica un retorno al modelo médico de la discapacidad y un grave retroceso en materia de derechos", además de señalar el uso de términos "discriminatorios, obsoletos y peyorativos".
La medida se enmarca en el discurso del gobierno de Milei, que ha reiterado su rechazo a lo que denomina "eufemismos de la cultura woke". No obstante, la fuerte reacción de distintos sectores sugiere que esta normativa podría enfrentar desafíos legales y sociales en el corto plazo.
