Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una serie de cambios clave para reforzar la aplicación de la pena de muerte a nivel federal, entre los que destaca la reincorporación del pelotón de fusilamiento como método de ejecución.
Se detalló que también se reactivará el protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración del expresidente Donald Trump, además de ampliar los procedimientos para incluir nuevos mecanismos de ejecución.
De acuerdo con la dependencia, estas medidas buscan hacer más eficientes los procesos internos relacionados con la pena capital. “Entre las acciones adoptadas se encuentra la readopción del protocolo de inyección letal, la inclusión de métodos adicionales como el pelotón de fusilamiento y la agilización de procesos internos”, señala el documento.
Actualmente, la inyección letal ha sido el método predominante en ejecuciones federales en Estados Unidos. Sin embargo, el fusilamiento, aunque poco común, nunca ha desaparecido completamente del sistema judicial.
Un caso reciente ocurrió en marzo de 2025 en Carolina del Sur, donde un condenado eligió este método, marcando su uso por primera vez en 15 años. Además, estados como Idaho han considerado el fusilamiento como alternativa ante la escasez de sustancias para la inyección letal.
Este desabasto se debe, en gran parte, a la negativa de empresas farmacéuticas a vender productos destinados a ejecuciones, lo que ha obligado a las autoridades a buscar opciones adicionales.
Otro de los cambios relevantes es el regreso al uso de una dosis única de pentobarbital en las inyecciones letales a nivel federal, un protocolo que anteriormente generó debate por posibles riesgos de dolor y sufrimiento innecesarios en los condenados.
Cabe recordar que, aunque la pena de muerte es legal en 27 de los 50 estados del país, el gobierno federal tiene la facultad de imponerla en ciertos casos y definir el método de ejecución.
Con estas modificaciones, el gobierno estadounidense pretende ampliar las alternativas dentro del sistema judicial y reducir los tiempos en la resolución de casos de pena capital, en medio de un contexto de constante debate político y legal sobre su aplicación.
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