

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fue acusado de intentar lavar millones de dólares que creía provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México.
El acusado fue identificado como Paul Campo, de 61 años, quien trabajó por más de dos décadas en la DEA y llegó a ocupar el cargo de subdirector de operaciones financieras, según información difundida por The New York Times.
De acuerdo con la acusación federal, Campo y su socio Robert Sensi, de 75 años, lavaron al menos 750 mil dólares que pensaban eran ganancias del narcotráfico. Lo hicieron a través de esquemas como criptomonedas y pretendían escalar el blanqueo hasta 12 millones de dólares.
Lo que los acusados no sabían es que el supuesto miembro del CJNG con quien se reunían era, en realidad, un informante encubierto de la DEA, quien les entregaba el efectivo como parte de una operación de vigilancia.
Las reuniones ocurrieron en marzo de este año, primero en Nueva York y después en Florida. Durante los encuentros, Campo describió métodos para mover el dinero hacia México, incluyendo bienes raíces, tarjetas prepago y transporte físico del efectivo.
Más allá del lavado de dinero, el caso tomó un giro alarmante cuando, según la fiscalía, Campo y Sensi discutieron la posible adquisición de armamento y equipo militar para el supuesto cartel. Entre los artículos mencionados están rifles AR-15, M16, carabinas M4, lanzagranadas, drones comerciales y hasta granadas propulsadas por cohete.
Ambos fueron arrestados y enfrentan múltiples cargos federales, incluyendo:
Conspiración para cometer narcoterrorismo
Lavado de dinero
Distribución de narcóticos
Proporcionar apoyo material a una organización terrorista
Aunque no hay evidencia de que hayan tenido contacto directo con miembros reales del CJNG —designado por EE.UU. como organización terrorista extranjera—, el intento de colaboración fue suficiente para iniciar el proceso penal.
El caso pone en entredicho la integridad de antiguos agentes federales y revela los riesgos de corrupción incluso en organismos encargados de combatir al narcotráfico.
mrh