Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una de las reformas penales más severas en la historia reciente del país: la incorporación de la prisión perpetua para menores de edad responsables de delitos graves como homicidio, violación y terrorismo.
La medida, respaldada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, fue avalada con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, consolidando un nuevo endurecimiento del sistema judicial salvadoreño en medio de la estrategia de seguridad implementada desde 2022.
El decreto establece que la cadena perpetua será una sanción “excepcional” para adolescentes en conflicto con la ley penal, aunque contempla revisiones obligatorias de las condenas para evaluar posibles procesos de rehabilitación. En el caso de menores sentenciados, dichas revisiones podrían realizarse después de 25 años de prisión, mientras que en adultos serían entre los 30 y 40 años.
La reforma constitucional también habilita la aplicación de prisión perpetua para delitos considerados de alto impacto, entre ellos feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la iniciativa argumentando que busca garantizar mayor seguridad para las familias salvadoreñas.
El endurecimiento penal fue impulsado principalmente por el partido oficialista Nuevas Ideas, cuyos legisladores sostienen que la reforma responde a la gravedad de los delitos cometidos por estructuras criminales y pandillas.
Sin embargo, la oposición y organizaciones internacionales expresaron preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre los derechos humanos y el debido proceso. El diputado Francisco Lira advirtió que aún existen miles de salvadoreños detenidos bajo sospecha de vínculos con pandillas que siguen esperando juicios justos.
Las críticas también alcanzaron el ámbito internacional. La organización Human Rights Watch consideró que imponer prisión perpetua a menores contradice estándares internacionales de justicia juvenil. Juanita Goebertus, directora para las Américas del organismo, señaló que permitir revisiones tras 25 años no garantiza procesos efectivos de reinserción social.
RPO
