Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que revisará la legalidad de la política de “medición” migratoria, una táctica implementada por el gobierno federal para restringir el ingreso de personas solicitantes de asilo en los puertos de entrada oficiales a lo largo de la frontera con México.
La decisión de los magistrados surge tras una petición de revisión por parte de la administración del presidente Donald Trump, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinara en 2024 que esta práctica violaba las leyes migratorias estadounidenses.
La política de “medición” consiste en limitar el número de solicitantes de asilo permitidos a cruzar hacia Estados Unidos bajo el argumento de que los puertos fronterizos están operando a su máxima capacidad. En la práctica, esto ha significado que agentes fronterizos rechazaban el ingreso de migrantes, dejándolos varados en territorio mexicano sin claridad sobre cuándo podrían acceder al proceso.
Organizaciones como Al Otro Lado, que representa a los demandantes en este caso, aseguran que la “medición” ha expuesto a miles de personas —incluidas mujeres, niños y familias completas— a peligros como extorsiones, secuestros y agresiones mientras esperaban en condiciones precarias.
En su sentencia, el Noveno Circuito concluyó que esta táctica no se trataba de una simple demora administrativa, sino de una retención activa y directa del derecho legal a solicitar asilo en Estados Unidos, lo cual contradice la legislación federal.
La ley estadounidense establece que cualquier persona que huya de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social específico puede solicitar asilo al encontrarse dentro del país.
El caso podría marcar un precedente histórico sobre cómo se interpreta y aplica el derecho al asilo en Estados Unidos. En un contexto donde la política migratoria sigue siendo un tema polarizante, esta revisión representa uno de los desafíos legales más importantes en la última década en materia de acceso humanitario.
La organización Al Otro Lado celebró la decisión de la Corte Suprema de aceptar el caso y confía en que el fallo anterior se mantenga. Señaló que el gobierno tiene la obligación de inspeccionar y procesar adecuadamente a quienes llegan a los puertos fronterizos solicitando protección internacional.
“Quien huye de la persecución no debe ser recibido con un portazo, sino con un debido proceso”, señaló la organización en un comunicado.
Con este proceso judicial, se abre la posibilidad de reformular el enfoque hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo en uno de los puntos fronterizos más tensos y vigilados del mundo.
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