Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 14 años de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en el Centro Histórico de Morelia, donde se detonaron granadas de fragmentación en contra de la población civil que presenciaba la ceremonia del Grito de Independencia, con un saldo de ocho muertos y más de 130 personas heridas, las víctimas mantienen la exigencia de que se les reparen los daños.
En entrevista con MiMorelia.com, Reyna Velasco Guerrero, representante legal de once víctimas de los granadazos, dijo que, previamente a que ella tomara el caso, las autoridades de atención a víctimas nunca le dieron seguimiento al tema, sobre el cual contabiliza 89 personas en calidad de víctimas.
Velasco Guerrero dijo que posteriormente se acercaron al Centro de Atención Integral (CAI) y ahí les informaron que los expedientes nunca los habían vinculado con esta institución; "entonces te das cuenta de que durante diez años han sido omisos, y cada quien los ha traído con apoyos, pero realmente lo que deberían estar haciendo, nunca lo hicieron y tenemos que partir de cero", añadió.
Indicó que también pidieron información en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para saber el número de averiguación previa y ante qué juzgado radicaba; resultó en Jalisco.
“Cuando tratamos de apersonarnos para el caso nos dicen que el proceso penal está suspendido porque desde el 2013 tiene un amparo, porque las personas que habían sido detenidas, que luego obtienen su libertad y luego se les libra orden de reaprehensión, promovieron un amparo, y llevamos cinco años con el amparo porque hemos estado buscando a las víctimas y resulta que gobierno del estado no las conoce y que no están ubicadas las víctimas”, relató.
Por los granadazos del 15-S en Morelia no hay detenidos. Hay dos órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, una contra Heriberto Lazcano, quien fue abatido en 2010, y otra contra Alfredo López Rumbo “El Bola”; es decir, no hay quién responda por el daño a las víctimas.
Para el año 2019 a algunas personas lastimadas por tales hechos les negaron la calidad de víctimas, pues en la legislación dice “agraviados”, no "víctimas", pero en 2008 no existía una ley de víctimas, entonces el Código Penal sólo contemplaba el término “agraviados”.
Fue hasta el año 2020 cuando, mediante un amparo, se logró la calidad de víctima aplicable a las 89 personas reconocidas en el proceso penal; sin embargo, hay casos como el de María de Jesús, que fue excluida porque la Fiscalía General del Estado no verificó si había más víctimas.
Para ella el proceso fue más largo. Apenas el 2 de septiembre del presente año logró la calidad de víctima.
Lo anterior implica un procedimiento de medidas de ayuda y asistencia; es decir, que de manera mensual las víctimas reciban recursos para atención médica y psicológica, así como para la renta de casa habitación, necesidades básicas que se les deben cubrir el tiempo que dure el proceso penal.
Además, la compensación subsidiaria por parte del gobierno, que es como una reparación de los daños para las víctimas, ya que no hay personas castigadas por los hechos que dejaron sin vida a ocho personas y heridas a más de 130.
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