Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia, en conjunto con 23 instituciones locales, renovó el convenio para la "Alianza de la Prevención del Delito". Este acuerdo tiene como objetivo canalizar a personas que incurren en conductas delictivas hacia programas terapéuticos o reeducativos que ayuden a prevenir la reincidencia.
Entre las instituciones participantes se encuentran el DIF Morelia, el Instituto de la Juventud Moreliana, el Banco de Alimentos, Cáritas Morelia, GHAPAD y Bicivilízate, entre otras. El esquema forma parte del modelo de justicia cívica, que permite a los infractores sustituir sanciones, como multas o arrestos, por actividades comunitarias o cursos educativos.
En entrevista con MIMORELIA.COM, el comisionado de seguridad y protección ciudadana de Morelia, Alejandro González Cussi, explicó que este modelo busca atender las causas de las conductas delictivas. “Lo que buscamos es resolver los problemas de raíz. En lugar de aplicar arrestos o multas que no transforman la conducta, canalizamos a los infractores a medidas terapéuticas o reeducativas, como cursos de control de ira, terapia para adicciones o programas de sensibilización”, señaló.
El programa también apoya a las instituciones receptoras, muchas de las cuales dependen del trabajo comunitario para sus actividades, como las relacionadas con adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad.
Desde que se implementó el modelo de justicia cívica, más de 27 mil personas han sido canalizadas, generando aproximadamente 270 mil horas de trabajo comunitario en actividades diversas.
Además, alrededor del 80% de los participantes continúan colaborando como voluntarios en las instituciones después de cumplir con sus sanciones.
Entre los casos que se han atendido, González Cussi mencionó la capacitación a motociclistas infractores en temas como seguridad vial, primeros auxilios y mecánica básica, impartida por especialistas. Asimismo, personas con problemas de alcohol son derivadas a terapias supervisadas por Alcohólicos Anónimos, y quienes alteran el orden público pasan por evaluaciones psicológicas para identificar factores de riesgo y diseñar programas personalizados.
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