Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las recientes denuncias ciudadanas que señalaban el uso de bajopuentes como "picaderos" en la capital michoacana, la Policía Morelia informó que realiza operativos interinstitucionales al menos una vez por semana para desalojar estos espacios. Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que la mayor incidencia se concentra en los márgenes del Río Solidaridad y en el puente de Salida a Charo.
Esta acción responde a reportes de vecinos y comerciantes que alertaron sobre la presencia de personas consumiendo sustancias ilícitas y pernoctando en condiciones de vulnerabilidad. El funcionario explicó que no se trata solo de un retiro policiaco, sino de una labor donde participan Derechos Humanos, el DIF Morelia, Sindicatura y la Secretaría de Servicios Públicos para recuperar la zona.
Alarcón Olmedo resaltó que la labor es de "limpieza profunda", ya que en muchas ocasiones se han encontrado con estructuras de madera que funcionan como viviendas improvisadas debajo de las vialidades, además de una acumulación importante de basura y desechos que generan focos de infección.
“Es una acción que se tiene que hacer permanentemente porque vamos un viernes de una semana y el siguiente viernes ya tenemos otra vez ahí 3, 4 o 5 personas que están en esa condición; entonces los volvemos a retirar y al menos una vez a la semana estamos haciendo estas operaciones para tratar de seguir con esta labor de convencimiento para que se vayan a un centro de rehabilitación”, puntualizó el secretario.
Para atender el problema de raíz, la Policía Morelia mantiene convenios con al menos cuatro centros de rehabilitación privados. El proceso incluye una certificación médica y psicológica donde el personal de la Unidad de Atención a Víctimas intenta convencer a los ciudadanos de ingresar de manera voluntaria, logrando en muchos casos periodos de internamiento de tres a seis meses para alejarlos de la adicción.
Sin embargo, el mando policial reconoció que no todos aceptan la ayuda y la autoridad no puede forzarlos a la rehabilitación debido a sus derechos constitucionales. Asimismo, señaló que este fenómeno evidencia una carencia estructural, pues la mayoría de los centros de apoyo son de carácter privado, lo que deja ver la falta de políticas públicas de salud de mayor alcance para tratar a este sector de la población.
Finalmente, Pablo Alarcón reiteró que los operativos continuarán de manera cíclica para evitar que los puentes vuelvan a ser ocupados de manera irregular, asegurando que los centros con los que colaboran cumplen con toda la normatividad sanitaria y de trato digno para garantizar que el proceso de recuperación sea efectivo y seguro.
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