Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, Belinda Hurtado Marín acusó a la secretaría de finanzas internas de la LXXV Legislatura y su titular, Rocío Pineda Gochi, de mantener detenidas las consultas que el Poder Legislativo está obligado a realizar a pueblos indígenas y personas con discapacidad en materia de educación, al asegurar que, su comisión y la de Derechos Indígenas y Afromexicanos ya tienen la ruta de trabajo y la propuesta de consultoría para llevar a cabo el levantamiento de las muestras.
Informó que, la promesa desde la servidora del Congreso fue citar a reunión para firmar el contrato con la consultoría, pero no fue así.
"Lo que impide -hacer las consultas- es el contrato, se quedó que nos iban a estar convocando a más tardar el día jueves para la firma del convenio, del contrato y no nos llamaron, obviamente no lo tiene la secretaria de finanzas ni el jurídico. Nosotras como presidentas de las comisiones hemos estado trabajando, pero el primer responsable es la presidenta del Congreso".
A decir de la diputada del Partido del Trabajo (PT), los integrantes de la Junta de insistió, es la secretaría de finanzas la que retrasa la aplicación de las consultas, pese a los 3.5 millones de pesos que se reservaron en el 2023 para hacer las consultas.
"Tenemos que estar dando resultados, ya existe un proyecto, ya existe una ruta, simplemente lo que hace falta es el convenio, es el recurso no para Brenda, para mi o para el PT, quien lo va a ejecutar es la secretaría de finanzas pero que ya no ponga peros".
Sin mencionar el nombre, Hurtado Marín refirió, la propuesta de ella y su compañera Brenda Fraga, es una consultoría de Oaxaca especializada en atender sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a temas indígenas, no obstante, se dio apertura al resto de los diputados para hacer propuestas de consultorías y nadie hizo ninguna sugerencia.
El Congreso del Estado está próximo a cumplir dos años sin acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al señalamiento de más de 80 artículos de la Ley de Educación de Michoacán; las consultas a pueblos indígenas y población con discapacidad son parte de la sentencia de la SCJN.
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