Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que desde el 2019, el gobierno federal desapareció presupuesto para programas migrantes de desarrollo regional y autoempleo, los connacionales en retorno tienen pocas posibilidades de ubicarse en áreas de trabajo o generar proyectos en sus comunidades de origen.
"Ya no existe disposición de recursos para ejercer proyectos o contratar migrantes en áreas de trabajo como se tenía en anteriores administraciones".
Así lo afirmó el titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez al señalar que el gobierno de Michoacán generó condiciones para acompañar a los migrantes en procesos de tramitación de documentos oficiales, acceso a los servicios de salud, atención psicológica y otros requeridos para ingresar a bolsa de trabajo en el sector empresarial o público.
Lo anterior debido a que ya no continuaron programas para otorgar créditos a los migrantes en retorno ni para impulsar proyectos de coinversión federal, estatal y municipal con los connacionales para proyectos productivos y de infraestructura social en las localidades marginadas.
"Los migrantes están menos motivados a participar y a organizarse para ejercer proyectos de desarrollo en sus comunidades porque ya no hay corresponsabilidad de los gobiernos y en esta administración se hacen esfuerzos a través del Centro del Emprendedor y de la Secretaría de Economía para ayudarlos en los procesos de inclusión laboral".
Además de que en los 95 de los 113 municipios se instalaron módulos de bienvenida y atención a los migrantes para apoyarlos con la ruta de trámites para su inclusión a las áreas de trabajo y sistema económico local.
De acuerdo con autoridades federales, el incumplimiento a reglas de operación del programa 3×1 a Migrantes obligó a eliminar su presupuesto en 2019, mientras que la Auditoría Superior de la Federación observó subejercicios en Michoacán por 10 millones 315 mil 415 pesos en programas de atención a migrantes.
De esa cantidad, 6 millones 756 mil correspondieron a 3×1 operado por la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 3 millones 558 mil pesos del Fondo de Apoyo a Migrantes del gobierno estatal, ambos durante el año fiscal 2019.
Según el reporte publicado por la ASF, el gobierno estatal y las instituciones responsables del Fondo de Apoyo a Migrantes no vigilaron ni supervisaron el control interno del mismo y habrían entregado recursos a personas que no cumplieron con los requisitos.
Por: Aned Ayala/E
