Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La usurpación de identidad en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) representa entre el 30 y 40 por ciento de los casos atendidos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Michoacán, según Dalia Jiménez Martino, subdelegada de la institución.
En entrevista, la funcionaria destacó la gravedad de este problema, que afecta principalmente a jóvenes, y explicó cómo la Prodecon apoya a los contribuyentes para recuperar su estatus fiscal.
Jiménez Martino señaló que muchos ciudadanos, especialmente jóvenes, descubren al intentar registrarse en el SAT que ya están dados de alta e incluso emiten facturas sin su conocimiento.
“Es frecuente que, cuando acuden al SAT para darse de alta, descubren que ya están registrados e incluso que emiten facturas”, afirmó, atribuyendo esta situación a la facilidad con la que, hasta hace unos años, se podían realizar registros en el portal del SAT, una práctica que se intensificó durante la pandemia.
La Prodecon ofrece asesoría gratuita para que los afectados queden “limpios” ante el SAT, pero requiere que primero presenten una denuncia ante la Fiscalía por usurpación de identidad
“Se realizan las declaraciones correspondientes, pero previamente los afectados deben acudir a la Fiscalía”, explicó Jiménez, destacando que la institución ha desarrollado un protocolo específico para atender estos casos.
Una reforma legal de 2023, que obliga a realizar el alta en el SAT de manera presencial, ha reducido los casos de robo de identidad, pero el problema persiste, especialmente entre jóvenes en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). En Michoacán, donde el SAT reportó 1.2 millones de contribuyentes activos en 2024, la usurpación de datos sigue siendo un desafío para la seguridad fiscal.
Jiménez Martino aclaró que el protocolo de Prodecon permite cancelar comprobantes fiscales emitidos fraudulentamente en casos RIF, pero su margen de acción es limitado en actividades empresariales, ya que se enfoca en contribuyentes con menor capacidad económica.
“La usurpación de identidad es un problema recurrente, y nuestro protocolo está diseñado para ayudar a quienes no tienen recursos para un contador o abogado”, precisó.
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