Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presunción de inocencia es un derecho fundamental, pero las denuncias acumuladas contra Cecilia T., señalada por presunto maltrato animal y agresiones hacia personas, han encendido la alarma entre activistas, organizaciones y especialistas en derecho animal.
El caso más reciente, ocurrido el 2 de noviembre, involucra a "Huesitos", un perro en situación de calle que fue atacado con un machete en Zitácuaro. Según la denuncia presentada por Kathy Argüello Flores, activista independiente, el ataque dejó al animal con heridas graves que aún lo mantienen hospitalizado.
Este hecho, ampliamente difundido en redes sociales bajo el hashtag #BastaDeCrueldadAnimal, no es el único en el historial de Cecilia T. Según testimonios, la mujer había sido previamente señalada por actos como colgar y exhibir a cinco cachorros frente a su domicilio.
Asimismo, testigos afirman que, recientemente, Cecilia T. habría intentado agredir con un cuchillo a una comerciante adulta mayor, presuntamente en represalia por haber declarado en su contra en uno de los casos de maltrato animal.
Carlos Maya, abogado de la Asociación de Abogados Animalistas de México, señaló la importancia de que las carpetas de investigación abiertas contra Cecilia T. sean judicializadas para prevenir la repetición de actos violentos.
"Es indispensable que se actúe conforme a derecho. Este tipo de conductas representan un riesgo tanto para la comunidad animal como para la sociedad en general", destacó Maya.
A través de un comunicado, la activista Kathy Argüello denunció que, a pesar de haber presentado pruebas y al menos cinco testigos en el caso de Huesitos, así como en otros incidentes relacionados, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha avanzado en la judicialización de los casos. La denuncia específica (folio PD/0490/1124) sigue sin resolverse.
Organizaciones como Activismo por el Mundo Animal y Adogción A.C. han sumado su voz para exigir que se apliquen las leyes de protección animal, reiterando que la omisión de las autoridades contribuye a la perpetuación de estos actos.
Activistas y especialistas coinciden en que la atención y judicialización de estos casos es fundamental para garantizar la seguridad de la comunidad.
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