Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Elvia Higuera Pérez, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar a nivel federal la interrupción del embarazo es una visión vanguardista y progresista en los derechos humanos y sexuales de las mujeres.
A decir de la funcionaria estatal, esta resolución prioriza a las mujeres de escasos recursos que son sentenciadas por abortar, esto al recordar que la criminalización del aborto atiene a un tema de clases económicas.
Higuera Pérez recordó que el proceso legislativo, tras la resolución de la SCJN, es que la Cámara de Diputados reforme el Código Penal Federal para modificar el capítulo VI y más específicamente el artículo 332; posteriormente los diputados federales instruirán a los congresos locales para que realizasen las reformas correspondientes en el sentido de que los códigos locales no contradigan a las leyes federales.
Para darle claridad a lo mandatado por la Suprema Corte, Elvia Higuera reconoció responsabilidad en el Poder Legislativo local, pero también en la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), pues ésta última sería la instancia encargada de realizar el procedimiento para garantizar el acceso a un aborto seguro.
Actualmente en Michoacán el artículo 145 del Código Penal establece un castigo de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad, sanción que menciona se impondrá sólo cuando el aborto voluntario se haya consumado, y entre las excluyentes del delito están: cuando sea producto de una violación, de inseminación artificial no consentida, precaria situación económica, por poner en peligro la vida de la madre, por malformaciones, entre otras.
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