Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma al Poder Judicial no se limita únicamente a reconocer el derecho de las y los ciudadanos para que elijan a sus jueces y magistrados mediante el voto universal, directo y secreto, sino contempla también una mayor transparencia y cercanía con la gente, explicó el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, César Augusto Ocegueda Robledo.
El objetivo que se ha planteado el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la iniciativa de reforma constitucional y las leyes secundarias que se deriven, es construir un mejor Poder Judicial para Michoacán sin afectar los derechos de las y los trabajadores y con el acompañamiento de los otros dos poderes del Estado, comentó.
"Le damos un giro a la organización interna del Poder Judicial que construimos en conjunto con el Poder Judicial; generamos y creamos un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar las malas prácticas, desde las más simples que ameriten una amonestación, un apercibimiento hasta las más graves, que hablamos ya de inhabilitaciones o destituciones o en dado caso también de someter a juicio político algunos cargos que así está mandado por la Constitución por alguna responsabilidad oficial de algún alto funcionario; este tribunal estará integrado por cinco magistrado electos también por la ciudadanía, electos también de manera popular y por otra parte tenemos el órgano de administración del Poder Judicial", dijo.
Al realizar un desglose minucioso de la iniciativa y las inquietudes que han comenzado a surgir a partir de la misma, el funcionario dijo que con las propuestas planteadas se ha esbozado de forma general hacia donde se quiere orientar la reforma; de entrada, comentó, quedó proyectado un esbozo de cómo quedaría el mapa electoral con la elección de los magistrados y jueces penales a nivel estatal y el resto por regiones o distritos que deberán ajustar en un trabajo conjunto con el órgano electoral.
"¿Qué es lo que sigue y qué es lo que tiene el régimen transitorio de esta reforma? Tiene la obligación de establecer un convenio con el Instituto Electoral de Michoacán para las particularidades de cada elección; ahí vamos a regionalizar, vamos a delimitar alcances […] y ahí se ordena resolver todas estas particularidades para llevar a cabo la elección extraordinaria de 2025 y la ordinaria de 2027", apuntó.
Quienes sean electos en el proceso extraordinario del 2025 serán por un periodo de 8 años para empatarse con los comicios del 2033 pero con la posibilidad de postularse por única ocasión a una nueva elección. Después quienes se postulen será para el periodo establecido de 9 años, aclaró.
Uno de los aspectos más importantes de la reforma, explicó, es que quienes aparecerán en las boletas en el 2025 y 2027, serán perfiles que cuenten con conocimientos en la materia y experiencia probada, por lo que desestimó las críticas que han señalado que podrían llegar a estos espacios personas ignorantes o con nimia trayectoria.
"¿De qué se trata (la reforma)? De tener el mejor Poder Judicial con los mejores juzgadores, por eso también los requisitos, los requerimientos que se ocupan para ser juez, jueza, magistrado o magistrada pues son rígidos, son evaluaciones, son exámenes, es forzosamente pasar por la Escuela de Formación Judicial que está ordenada en la reforma, es pasar por el criterio de los Comités Internos; hay un comité de evaluación en cada Poder y un comité estatal que se conforma por estos tres comités y tienen la misión de encontrar los mejores perfiles, las mejores personas, los más capaces, los más probos, los más honestos para que vengan a juzgar a las michoacanas y a los michoacanos", agregó.
Actualmente se trabaja en la conformación de los comités evaluadores en cada uno de los Poderes, que serán los encargados de valorar y evaluar a todos los aspirantes; también se están delineando los criterios que se emplearán para la evaluación de los contendientes y en la conformación de un Comité estatal que integre a las tres representaciones para la conformación final de las listas de candidatos.
En los próximos días o semanas se estará conformando también mesas de análisis y acuerdos con el órgano electoral para definir los criterios para el desarrollo del proceso comicial; hasta el momento se ha determinado que no habrá ningún tipo de precampañas, las campañas tendrán una duración de 45 días, las y los candidatos no podrán obtener financiamiento público o privado y será el órgano electoral el que defina cómo se darían a conocer las y los candidatos a la ciudadanía.
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