Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Ley de Ingresos de Michoacán para 2026 se detallan las cuotas que los ciudadanos deberán cubrir por diversos servicios administrativos y periciales proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El artículo 28 del capítulo XI establece los cobros, destacando que la carta de no antecedentes penales se mantendrá en $244 pesos, mientras que las certificaciones relacionadas con vehículos y las pruebas de paternidad muestran los incrementos más significativos en el tabulador.
Los servicios relacionados con la verificación vehicular son un punto clave en el nuevo tabulador: la certificación de no reporte de robo vehicular y no alteración en sus números confidenciales de identificación se tasó en $464 pesos para vehículos ligeros (sedán, SUV, pick up), y se duplica a $928 pesos para vehículos pesados como camiones y tractocamiones. Este cobro asegura que el automotor no tiene reporte de robo activo, un trámite esencial para la compraventa y emplacamiento seguros.
La carta de no antecedentes penales es un documento de alta demanda, fundamental en México para procesos de contratación, especialmente en el sector público y posiciones de alta responsabilidad y confianza. Aunque existen esfuerzos a nivel federal para limitar su obligatoriedad en el sector privado, sigue siendo un requisito indispensable para demostrar la solvencia moral del solicitante ante empleadores o al iniciar trámites migratorios.
En cuanto a la certificación de no reporte de robo vehicular, su importancia radica en la seguridad jurídica y patrimonial. Este documento confirma que el vehículo no está involucrado en un ilícito penal, siendo un paso crucial para completar trámites como cambios de propietario o seguros. Sin esta certificación, un vehículo podría ser considerado de procedencia dudosa, lo que detiene cualquier gestión legal.
Para poner en perspectiva los costos michoacanos, se observa que la carta de no antecedentes penales de Michoacán se encuentra en un rango similar al de otros estados. Por ejemplo, en entidades como la Ciudad de México, el costo suele rondar los $100 a $200 pesos, dependiendo de la modalidad y si es en línea o presencial.
El rubro más costoso de los servicios de la FGE es el de las pruebas periciales requeridas por particulares. Las pruebas genéticas de paternidad (ADN) se fijaron en $13,240 pesos. Este monto es considerablemente más alto que los servicios administrativos, reflejando el alto costo operativo y tecnológico de los laboratorios forenses de la fiscalía.
Finalmente, el capítulo de derechos por servicios de la FGE en Michoacán para 2026 refleja una política de cobro diferenciada: tarifas accesibles para documentos de control social como la carta de no antecedentes, costos intermedios para la verificación de bienes (vehículos) y tarifas elevadas para servicios periciales especializados solicitados por la ciudadanía.
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