Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Contraloría de Michoacán, encabezada por Francisco Ramírez Torres, se encuentra en un limbo administrativo para asumir plenamente las responsabilidades de atención a recursos de transparencia que dejó el extinto Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). El proceso de transición hacia las nuevas "autoridades garantes" está detenido, a la espera de la publicación de las leyes secundarias por parte del Congreso del Estado.
El Secretario Ramírez Torres confirmó que, aunque la estructura operativa ya está diseñada, su puesta en marcha formal depende del aval legal. Una vez que las leyes secundarias sean publicadas, la Contraloría tendrá un plazo de 30 días para establecer formalmente las direcciones encargadas de dar cumplimiento a los recursos e impugnaciones ciudadanas relativas a solicitudes de información negadas u omitidas.
El principal cuello de botella radica en la herencia de expedientes. Ramírez Torres reveló que actualmente tienen en su poder alrededor de 2,100 recursos que fueron entregados por el IMAIP y que, por disposición normativa, se encuentran suspendidos hasta que entre en vigor el nuevo marco legal. Esta suspensión, aunque justificada por la propia norma, genera un periodo de incertidumbre para los ciudadanos que buscan resolver sus inconformidades.
El titular de la Contraloría se mostró diplomático al abordar el retraso legislativo, aunque reconoció el impacto del mismo. En lugar de calificarlo como una "omisión" del Congreso, lo enmarcó en un aprendizaje a nivel nacional generado por la reforma en materia de transparencia.
"No es tanto omisión, a nivel nacional ha sido un aprendizaje. Realmente la reforma a todos nos ha pegado a todos los estados y el armar este nuevo proceso para la atención ha sido un poquito complicado," declaró el Secretario.
Ramírez Torres detalló que la carga de trabajo recaerá mayoritariamente en el Ejecutivo estatal. La Secretaría de Contraloría será la autoridad garante del Gobierno del Estado y tendrá una dirección específica para atender los recursos no solo contra dependencias estatales, sino también contra los municipios, asumiendo así "el gran grueso" de las impugnaciones.
A pesar de la suspensión de los plazos para atender estos recursos heredados, el Secretario enfatizó que el derecho a la información oportuna y real no está detenido. Aseguró que todos los trámites de nuevas solicitudes de información se están atendiendo con normalidad a través de la dirección de Transparencia ya existente en la Secretaría.
Finalmente, el Secretario de la Contraloría hizo un llamado directo a los legisladores para que agilicen el proceso. Aunque reconoció la preocupación que genera la suspensión de los plazos, su mayor inquietud es poder empezar a desahogar el rezago acumulado.
BCT
