Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, diversas reformas legales impulsadas en entidades como Puebla y Michoacán o cierres de medios de comunicación como en Campeche han encendido las alarmas entre organismos nacionales e internacionales por su potencial para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información, así lo advirtió Elizabeth Vázquez Bernal, especialista en derecho a la información.
De acuerdo con la académica, los cambios legislativos —como la reforma a Ley de Ciberseguridad en Puebla o la tipificación de la apología del delito en Michoacán— representan una amenaza directa a la libertad de expresión y a la participación ciudadana. “Nos están regresando a tiempos donde la crítica se castiga con cárcel”, sostuvo.
Vázquez Bernal, también expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que estas reformas, bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía, han criminalizado la crítica en redes sociales contra funcionarios públicos. Esto abre la puerta, dijo, a sancionar a periodistas, académicos o ciudadanos comunes por expresarse libremente. "No se trata de proteger derechos, se trata de proteger a los poderosos", afirmó.
En ese contexto, señaló como particularmente preocupante el hecho de que estas sanciones no se limiten al ámbito civil, sino que se trasladen al terreno penal, con multas que pueden alcanzar los 200 mil pesos o incluso penas de prisión. Casos como el de la actriz y conductora Laisha Wilkins o usuarios de redes sancionados por expresar opiniones críticas son apenas ejemplos visibles de esta tendencia creciente.
“El riesgo real es el silenciamiento”, advirtió la académica y advirtió: “Lo que buscan no es dialogar ni debatir, sino que la ciudadanía deje de hablar, que se autocensure por miedo”. En su análisis, también recordó que las figuras públicas tienen un menor grado de protección frente a la crítica, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales internacionales.
Aunado a ello, denunció una falta de preparación de jueces y fiscales para manejar estos nuevos delitos informáticos, lo que pone en riesgo el debido proceso. “Ni siquiera hay claridad sobre qué es un ataque a la moral o una injuria en el entorno digital”, subrayó.
La especialista también recordó que México ratificó tratados internacionales que desaconsejan penalizar la libertad de expresión, como lo han señalado instancias como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en lugar de avanzar, el país estaría retrocediendo.
“Estamos ante una proclividad del poder por controlar la narrativa, como en el porfiriato”, lamentó. Agregó que, lejos de atender problemas reales como la pornografía infantil o la abierta propaganda del crimen organizado en redes sociales, los gobiernos estatales han preferido enfocarse en acallar las voces incómodas.
Finalmente, Vázquez Bernal hizo un llamado a la sociedad organizada y a la academia para resistir este embate legislativo. “Nos toca defender nuestros derechos, aunque nos cansemos. No podemos permitir que nos quiten la voz en nombre de una supuesta ciberseguridad”, concluyó.
Organizaciones internacionales de protección a periodistas como Artículo 19 y locales como la Red de Periodistas de Puebla expresaron sus preocupaciones por la reforma al Código Penal. Un día antes de la aprobación de la reforma expresaron: “Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas”.
En el caso de Campeche, el cierre del diario Tribuna, con medio siglo de labor informativa, luego de una demanda interpuesta por la gobernadora Layda Sansores por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias. La querella fue secundada por la secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, por los mismos cargos y, además, el vocero del Gobierno estatal, Walther Patrón Bacab demandó al diario por daño moral.
A nivel federal, la Red en Defensa de los Derechos Digitales advirtió sobre el intento de reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando sea solicitado por las autoridades competentes, “en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
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