Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó varias reservas a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGE), incluyendo una impulsada por el diputado Antonio Carreño de Movimiento Ciudadano (MC) al artículo 17 sobre inteligencia patrimonial, financiera y ciberseguridad.
La reserva, aprobada por unanimidad, exige autorización judicial para acceder a información confidencial, fortaleciendo la protección de datos personales.
“La reserva busca equilibrar la facultad de la FGE para combatir el crimen con el respeto a los derechos humanos, requiriendo control judicial para datos sensibles”, explicó Carreño, quien presentó la modificación para evitar abusos en investigaciones.
El artículo 17 original otorgaba a la FGE la facultad de obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial, así como investigar delitos cibernéticos, sin mención explícita a controles judiciales. A la letra, la norma en cuestión refería lo siguiente:
“La Fiscalía tiene la facultad de obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial, así como investigar delitos cibernéticos y la infraestructura tecnológica del crimen, para tal efecto debe: I. Diseñar, integrar e implementar sistemas de análisis de información fiscal, financiera y patrimonial para identificar patrones inusuales que pudieran estar relacionados con operaciones de procedencia ilícita, en coordinación con otras unidades especializadas, y conforme a la normativa procesal penal”, establecía el texto inicial.
La reserva de Carreño adiciona distintos salvaguardas, agregando especificaciones como la previa autorización de un juez cuando se trate de información confidencial o protegida por secreto bancario, fiscal o fiduciario.
En el apartado I, se incluye “respetando en todo momento los derechos a la intimidad y a la privacidad de las personas, y requiriendo autorización judicial cuando la información sea de carácter reservado o confidencial”.
En el IV, se observa “en observancia de los principios de legalidad, proporcionalidad y control judicial cuando proceda”, y en el VI, “sin vulnerar los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de datos personales”.
Estas adiciones alinean la ley con el artículo 16 constitucional, que exige orden judicial para intervenciones en comunicaciones privadas.
BCT
