Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las mujeres michoacanas son un tema constante para la presentación de iniciativas en el Congreso local; desde planteamientos en torno a la economía, acortar la brecha de desigualdad con los hombres, seguridad y hasta permisos menstruales, son algunos de los tópicos que han sido recurrentes escuchar en las propuestas de reforma por parte de los diputados.
De las muchas iniciativas presentadas en el segundo año legislativo, fueron cuatro las aprobadas que vendrán a traerle un verdadero beneficio social a las mujeres en Michoacán:
El 16 de febrero, la LVXX Legislatura aprobó una iniciativa ciudadana para reforzar las campañas de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público, con la implementación de Medidas de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Michoacán, así como del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género contra las Mujeres en el Transporte Público.
Lo anterior, con la justificación de que 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de acoso o violencia sexual durante el segundo semestre de 2020 en el transporte público.
Con la votación a favor de la mayoría de los diputados, la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán agregó a su listado la simbólica y mediática como formas de violencias de género, propuesta hecha por la diputada del PRI, Gloria Tapia Reyes.
En la norma mencionada se definió la violencia simbólica como aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Mientras que la Violencia Mediática se precisa como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que, de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.
La iniciativa propuesta por Felipe Contreras Correa fue aprobada para incorporar una visión con perspectiva de género en el Sistema Estatal de Financiamiento Rural en Michoacán, obligando a que todas las políticas y programas públicos atiendan necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres, esto al reconocer que mujeres viven aún en condiciones de dependencia, subordinación, exclusión y discriminación en el tema de las actividades agropecuarias.
Con este decreto se impulsará el desarrollo económico a través de un sistema integral que contribuya al fomento de la capitalización, la generación de oportunidades de empleo, mejoramiento del nivel de ingresos económicos y la calidad de vida de las y los michoacanos, estableciendo políticas y programas públicos para el campo, que tengan como eje la perspectiva de género, la inclusión y la paridad.
Pese a que Michoacán fue uno de los últimos estados en aprobar la Ley 3 de 3, en la entidad es también una realidad la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público para aquellas personas sentenciadas por violencia de género.
Los diputados votaron por unanimidad la comunicación del Senado de la República para reformar los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana, para evitar que ciudadanos accedan a cargos públicos cuando tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, así también por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
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