Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada morenista Nalleli Pedraza Huerta presentó una iniciativa para reformar el Código Civil y la Ley Inquilinaria del Estado de Michoacán, con el objetivo de limitar los incrementos anuales de renta al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México, a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La propuesta busca proteger el derecho humano a una vivienda adecuada y evitar que los arrendatarios sean afectados por aumentos desproporcionados que erosionan su poder adquisitivo.
La legisladora argumentó que el actual tope del 10% establecido en la Ley Inquilinaria resulta arbitrario y excesivo en contextos de baja inflación, mientras que para los predios comerciales no existe ningún límite claro, lo que deja a las familias y a las pequeñas empresas en una situación de vulnerabilidad.
“El derecho humano a una vivienda adecuada es una piedra angular de la dignidad personal y la estabilidad social. No se limita simplemente a poseer un techo, sino que implica condiciones de seguridad jurídica, asequibilidad y habitabilidad que permitan el desarrollo pleno de las familias”, se lee en la exposición de motivos presentada por la diputada Pedraza Huerta.
La iniciativa toma como referencia la reforma implementada en la Ciudad de México en 2025, que fijó el tope de incremento anual de rentas en el porcentaje de inflación, medida que fue confirmada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La morenista propuso que en Michoacán se adopte el mismo criterio objetivo y justo, tanto para fincas habitacionales como comerciales.
La reforma modificaría los artículos 1559 y 1560 del Código Civil, así como los artículos 4º, 9º y 13 de la Ley Inquilinaria. El nuevo texto establece que “en ningún caso dicho incremento podrá ser mayor a la inflación reportada por el Banco de México a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), correspondiente a los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de actualización del contrato”. Además, declara nula de pleno derecho cualquier cláusula que estipule un aumento superior al INPC.
La diputada enfatizó que la medida no vulnera la libertad contractual ni el derecho de propiedad, sino que responde al deber del Estado de evitar la especulación desmedida en el mercado de arrendamientos. “Esta medida responde a una necesidad de justicia distributiva frente al fenómeno de la gentrificación y el desplazamiento forzado de residentes por causas económicas”, argumenta en la exposición de motivos.
De avanzar favorablemente, Michoacán se sumaría a las entidades que han regulado de manera más equitativa los aumentos de renta, priorizando la asequibilidad de la vivienda y la estabilidad económica de las familias.
SHA
