Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán ha interpuesto denuncias penales por extorsión contra “vivales” que venden trámites educativos, como plazas y certificados, en un sector con 11 mil centros de trabajo.
Gabriela Molina Aguilar, titular de la SEE, anunció que el Código Penal del estado, a través de la ley de extorsión, se ha aplicado a quienes insisten en actuar a través de engaños y corrupción dentro del sector educativo.
Molina explicó que la corrupción persiste pese a la digitalización del 80% de los trámites y la habilitación de un canal de denuncias vía WhatsApp. La reforma de extorsión, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, permite acción pública y establece penas agravadas hasta en dos terceras partes si hay uso de armas o si involucra a menores.
“Tenemos una nueva ley de extorsión que facilita la denuncia, que además puede ser incluso anónima, que retomó el gobierno federal incluso ya como modelo. Tenemos problemas en al menos el 2% de las escuelas, sobre todo en secundaria, y su caso me ayuda porque ahí todavía creen que van a poder acomodar familiares, maestros, o los llamados eventuales. Eso no va a suceder”, advirtió Molina.
En Michoacán, entidad pionera en castigar la extorsión, el Código Penal en su artículo 224 refiere lo siguiente:
ARTÍCULO 224: A quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrá de cuatro a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa.
El artículo siguiente hace mención de las agravantes, entre las cuales están: cuando la víctima de extorsión sea menor de edad o mayor de 60 años; cuando no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho; cuando el delito lo cometa un servidor público o exmiembro de alguna corporación de seguridad pública o privada; cuando en la comisión del delito intervengan una o más personas armadas.
Si bien la titular de la SEE no mencionó el número de denuncias, sí informó que se está actuando de forma penal contra quienes engañen a terceros con promesas de trámites educativos.
“Hay todavía vivales, por eso hay una reforma que hizo el gobernador, la reforma de la extorsión. Nosotros estamos actuando penalmente con las denuncias de quién a quién les vendieron un trámite educativo”, sostuvo.
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