Poder Judicial de Michoacán pone orden financiero y desiste de ampliación presupuestal

El Consejo anterior había solicitado una ampliación de 117 millones de pesos para cerrar 2025, lo que, con ahorros financieros ya no será necesario
Poder Judicial de Michoacán pone orden financiero y desiste de ampliación presupuestal
NAOMI CARMONA
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Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo Poder Judicial de Michoacán logró poner orden administrativo y financiero en sus primeros tres meses de gestión, consiguiendo ahorros suficientes para desestimar la solicitud de ampliación presupuestal de 117 millones de pesos que había sido presentada por el Consejo anterior. Hugo Gama Coria, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, detalló que este logro se consiguió mediante una revisión exhaustiva de las finanzas y una corrección en el manejo del Capítulo 1000 (Servicios Personales).

Gama Coria explicó que la solicitud original de 117 millones de pesos estaba destinada a culminar el año, equipar y amueblar las recién aperturadas salas regionales, cubrir salarios de los nuevos magistrados y pagar las indemnizaciones constitucionales a exjueces. Sin embargo, la nueva administración detectó movimientos financieros poco claros en el capítulo de servicios personales, lo que motivó una auditoría interna inmediata.

“Existía, —digo existía porque ya no es necesaria—, una solicitud de ampliación presupuestal del anterior Consejo del Poder Judicial que le entregaron al gobierno del estado por 117 millones de pesos para poder culminar el año, equipar y amueblar estas salas regionales, para el pago de salarios de los nuevos magistrados, para el pago de las indemnizaciones constitucionales a los exjueces, y esta solicitud que hizo el anterior consejo tenía como finalidad eso”
declaró el magistrado presidente

Gracias a la corrección en la transparencia y el manejo de estos recursos, el Poder Judicial obtuvo la economía necesaria para prescindir de los fondos externos, logrando terminar el año fiscal cubriendo todos los compromisos financieros adquiridos, incluyendo los salarios de los nuevos magistrados, cuyo número se incrementó de 19 a 32 en el Supremo Tribunal, más cinco en Disciplina y dos en Administración.

Adicionalmente, con una reforma a la ley del Fondo Auxiliar, se logró cubrir cerca del 90% de las indemnizaciones constitucionales adeudadas a los exjueces, con los pagos restantes ya en proceso de dictamen y aprobación.

En cuanto al equipamiento de las nuevas salas, se optó por utilizar bienes ya existentes del propio Poder Judicial, eliminando la necesidad de gastar recursos adicionales en mobiliario.

Asimismo, informó que, una vez cubiertos todos los compromisos financieros pendientes, el órgano administrativo, presidido por la magistrada Xiomara Treviso, identificó una economía adicional de cerca de 18 millones de pesos. Estos recursos sobrantes serán destinados a mayor equipamiento y mobiliario para los juzgados y salas existentes.

En resumen, en solo tres meses, la nueva administración del Poder Judicial logró ordenar sus finanzas, cumplir con obligaciones financieras complejas y generar un remanente de 18 millones de pesos, demostrando una gestión eficiente de los recursos propios, lo que se contrapone a la necesidad inicial de buscar un rescate financiero por parte del Ejecutivo estatal.

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