Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los operativos federales desplegados en Michoacán durante 2025, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, no lograron modificar la estructura del poder criminal que domina amplias regiones del estado, pese al discurso oficial de contención y pacificación, advierte el consultor en seguridad y especialista en crimen organizado, David Saucedo, quien sostiene que el año cerró con una escalada de violencia comparable con los periodos más críticos de la última década.
El asesinato de figuras políticas, como el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, así como atentados de alto impacto —entre ellos el uso de un coche bomba en Coahuayana— evidenciaron, según el especialista, el fracaso de una estrategia basada en la presencia militar y los operativos de disuasión, sin un golpe real a las cúpulas criminales que operan en la entidad.
Aunque el gobierno federal anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y envió miles de elementos del Ejército y fuerzas federales, Saucedo subraya que no se registraron detenciones de narcotraficantes de alto perfil ni el desmantelamiento de las redes financieras y políticas que sostienen a los grupos criminales. "Se combate el narcomenudeo, pero no el narcomayoreo".
De acuerdo con estimaciones citadas por el analista, en Michoacán operan entre 15 y 16 organizaciones criminales, divididas en dos grandes bloques: aquellas alineadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y las que se oponen a su expansión. Esta fragmentación, lejos de ser atendida por la estrategia federal, ha profundizado la disputa territorial y la violencia regional.
El problema, explica Saucedo, no se limita a la acción armada de los cárteles, sino a una estructura de macrocriminalidad que incluye la colusión de autoridades municipales, estatales y federales, así como la participación de sectores empresariales en el lavado de dinero. Sin embargo, ninguna de estas redes ha sido tocada por los operativos oficiales.
A ello se suma la consolidación de una base social de apoyo al crimen organizado, alimentada por la entrega de apoyos, juguetes, medicinas y obras comunitarias financiadas por los propios cárteles. Esta estrategia de legitimación social avanza sin una respuesta integral del Estado, que continúa reaccionando sólo ante crisis específicas.
En el plano internacional, Saucedo considera que la presión de Estados Unidos ha sido suficiente para que el gobierno mexicano mantenga una política de contención funcional a los intereses de Washington, sin una transformación profunda de la estrategia de seguridad. Extradiciones selectivas y decomisos puntuales han reemplazado una política de desmantelamiento estructural.
Con un proceso electoral en puerta y la atención internacional puesta en México por la negociación del T-MEC y la Copa del Mundo, el analista advierte que 2026 podría repetir el mismo patrón: operativos espectaculares, resultados limitados y una violencia que persiste. En Michoacán, concluye, la paz sigue siendo una promesa sin sustento operativo.
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