Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el diputado del Partido del Trabajo (PT), Hugo Rangel Vargas, la poca o nula regulación de las políticas de comunicación social en nuestro sistema jurídico-administrativo en Michoacán, representa un peligro en el uso arbitrario o tendencioso de los recursos públicos destinados a la labor comunicativa desde los gobiernos.
Lo anterior lo manifestó durante la votación de la reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, modificaciones que le da diversas facultades a la coordinación de comunicación del gobierno, área que a partir de este 2025 será considerada como una UPP independiente de la Secretaría de Gobierno y con disposición de 122 millones 660 mil 528 pesos a ejercer para este año.
El petista recordó que, desde el 2019 el Congreso ha omitido la ley federal para emitir una Ley de Comunicación Social que defina los objetivos y criterios útiles para eliminar la discrecionalidad en el gasto.
Además, detalló, el Legislativo tampoco ha atendido la sentencia del 8 de septiembre del 2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sujetar a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno en materia de comunicación social a garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
"Es evidente que los medios de comunicación necesitan ingresos económicos para poder operar y cumplir con la función antes descrita y la falta de reglas específicas alienta la discrecionalidad, lo que tiene un efecto disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación en general", mencionó el diputado.
De los más de 122 millones de pesos asignados en el presupuesto de egresos para la Coordinación de Comunicación, Hugo Rangel refirió que esta cifra se suma a los casi 400 millones que en total ejercerán las dependencias del estado para propaganda, y que significarán un recurso sin regulación en cuanto a los propósitos, principios programas y estrategias.
El dictamen para modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado fue aprobado con 33 votos a favor y dos en contra de Movimiento Ciudadano.
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