Michoacán (MiMorelia.com).- En el 2021 México fue el país de América Latina que más ciberataques registró con 156 billones, le siguió Brasil y Perú; por lo que se debe entender que la apertura social de cualquier institución pública como los organismos garantes implica tomar conciencia sobre los riesgos que se viven en un mundo hiperconectado, recalcó Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante su participación en panel “Ciberseguridad y Gobierno Digital”, en el marco del Foro Ruta de la Privacidad 2022: "Inteligencia Artificial: Perspectivas y Prospectivas del Derecho a la Protección de Datos Personales y Privacidad", la comisionada del INAI explicó que por ejemplo el gobierno digital va más allá de los procesos electorales, pues implica el uso de las tecnologías de la información para administrar bienes públicos, ofrecer servicios y transparencia en el quehacer.
Subrayó que ante este panorama la ciberseguridad en el campo público se debe definir como la protección de activos físicos y de información que producen los entes, porque en México durante los últimos años las entidades públicas han sido víctimas de ciberataques, tal es el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que tan solo en tres días en septiembre se registró 10 millones 512 mil ciberataques y en lo que va de 2022 se han contabilizado 90 millones de 768 mil 900 intentos de ataques.
Al respecto, en su intervención Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI y enlace con el estado de Michoacán, expuso que ante el aumento de usuarios del internet en el país es necesario conocer aspectos esenciales de ciberseguridad y protección de datos personales para llevar a cabo una navegación segura, aunque eso no elimina en su totalidad la posibilidad de ser víctimas de una clase de ataque, ya que en el entorno digital no se puede asegurar que hay un sistema infalible.
Por eso, aseguró que estos ciberataques se deben abordar desde el enfoque preventivo, para educar, concientizar y brindar herramientas para minimizar las amenazas o posibles vulnerabilidades en medios electrónicos; así como también desde un enfoque reactivo se tienen que inhibir estas conductas que pudieran generar afectaciones jurídicas y en consecuencia sanciones administrativas o penales.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Liz Alejandra Hernández Morales, presidenta del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso de Michoacán, consideró que una buena política de ciberseguridad debe proteger al Estado, a los ciudadanos y a las empresas, pero en especial a las que gestionan infraestructura y que de su funcionamiento depende la seguridad nacional, la vida de los ciudadanos y la actividad económica.
Ante esta situación, enfatizó que es necesario que desde las instituciones y poderes se garantice, no solo el acceso a la información vía transparencia, sino que también sus datos personales siempre estén protegidos.
SHA
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