

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 24 carpetas de investigación judicializadas en el periodo que comprende del 31 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2026, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ha identificado afectaciones tanto al patrimonio como al funcionamiento institucional de diversas entidades.
La fiscal, Marisol Sánchez Zamudio, especificó que estas afectaciones son en diversos entes. Sin embargo, únicamente especificó el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), el cual, dijo, rebasa los 100 millones de pesos desde administraciones anteriores.
Sin dar un monto de daño patrimonial, especificó que las afectaciones son diversas, pero que en el Gobierno de Michoacán se trata de un alto daño en diversas instituciones.
Refirió que en próximas fechas se esperan las audiencias iniciales de varias investigaciones que se llevan, más porque se trata de daños al patrimonio con cuantías de hasta 60 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las entidades estatales con afectaciones al patrimonio, así como al funcionamiento institucional, son Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración (con posible enfoque en las oficinas de Rentas), la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el Poder Legislativo y la Dirección de Pensiones Civiles.
También se encuentran entidades y organismos como el Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán, el COBAEM, la Universidad Tecnológica de Morelia y el Colegio de Morelia, mejor conocido como Poliforum.
En cuanto a ayuntamientos, se encuentran Morelia, Angamacutiro, Uruapan, Numarán, Tanhuato, Huiramba y Sahuayo; además de dos empresas particulares.
"Ello en el primer año de mi gestión (...), se han judicializado 24 carpetas de investigación, de las cuales se derivan diversas causas penales vinculadas con hechos presuntamente constitutivos de delito", dijo.
Sánchez Zamudio comentó que, para evitar las judicializaciones, los afectados interponen apelaciones y diversos amparos. Sin embargo, comentó que los jueces le han dado la razón a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y se continúa con los procesos correspondientes.
BCT