Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– En un intento por visibilizar y castigar la violencia psicológica y física extrema que lleva a las mujeres a tomar decisiones fatales, la diputada local del PRD, Brissa Arroyo Martínez, presentó una iniciativa para tipificar el “suicidio feminicida” en el Código Penal de Michoacán. La propuesta busca castigar con hasta 10 años de prisión a quienes induzcan, obliguen o ayuden a una niña, adolescente o mujer a privarse de la vida, valiéndose de contextos de violencia previa o relaciones de poder.
La legisladora perredista argumentó que muchas mujeres que terminan con su vida no lo hacen por una decisión autónoma, sino tras haber sido acorraladas por años de amenazas, humillaciones y agresiones que el sistema ha permitido. Arroyo Martínez señaló que la violencia de género escala de manera invisible, condenando a muchas víctimas a convertirse en una estadística de suicidio sin que nunca se investiguen las razones de fondo ni se castigue al agresor que las llevó al límite.
En su exposición de motivos, la diputada cuestionó la brutalidad de la violencia que sufren las mujeres y cómo el miedo y la desprotección las deja sin otra salida aparente. Subrayó que es urgente reconocer que el agresor, aunque no haya empuñado el arma o ejecutado el acto final, cometió acciones atroces suficientes para destruir una vida.
“El suicidio feminicida no es un acto de libre voluntad, es la consecuencia que conlleva el haber soportado todo tipo de abusos y agresiones, es haber vivido violencia extrema, enfrentando sola el miedo, la angustia y la desprotección”, sentenció Brissa Arroyo desde la tribuna del Congreso.
La reforma propone adicionar el artículo 120 bis al Código Penal del Estado, estableciendo que comete este delito quien se aproveche de la superioridad generada por relaciones preexistentes o de cualquier situación de poder derivada de las modalidades de violencia contempladas en la ley. Las penas propuestas van de los cinco a los diez años de prisión; sin embargo, si el responsable llega a ejecutar la muerte de forma directa, la sanción será la correspondiente al delito de feminicidio.
Además, la iniciativa contempla castigos para la tentativa de suicidio feminicida. En caso de que el acto no se concrete por cualquier circunstancia, se procesará bajo dicha figura, y si el intento produce lesiones físicas, las sanciones se ajustarán a lo establecido para las lesiones por condición de género, cerrando así la puerta a la impunidad en casos donde la víctima sobrevive pero queda con secuelas.
Finalmente, la diputada Brissa Arroyo hizo un llamado a sus compañeros legisladores para reivindicar la dignidad de todas aquellas mujeres que quedaron en el anonimato y cuyas historias fueron borradas bajo la etiqueta de un suicidio común. Afirmó que reconocer esta figura es decirle a las mujeres que su lucha no es en vano y que el Poder Legislativo está dispuesto a poner un contrapeso real a la violencia sistémica que asfixia a la niñez y a las mujeres en Michoacán.
BCT
