Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso del Estado de Michoacán estableció en la Ley de Ingresos las cuotas y derechos que deberán cubrir las personas físicas y morales que presten servicios de seguridad privada en la entidad durante el 2026. Estas disposiciones, detalladas en el Capítulo VI del marco legal estatal, buscan regular y fiscalizar un sector clave para la protección de personas, bienes y valores, en concordancia con la ley federal que rige a nivel nacional.
La legislación estatal especifica una serie de conceptos y sus correspondientes tarifas para la autorización y revalidación anual de estos servicios. Entre los más destacados se encuentra la autorización para la prestación de servicios en modalidades como seguridad y protección de personas, vigilancia, traslado, custodia de bienes y valores, así como localización e investigación de personas y bienes, y vigilancia a distancia. Cada una de estas autorizaciones iniciales tendrá un costo de 13 mil 844 pesos para el 2026.
La revalidación anual de estas licencias, esencial para mantener la operatividad legal de las empresas de seguridad privada en Michoacán, también ha sido definida con una cuota específica de 13 mil 124 pesos.
La normativa federal, por su parte, establece el marco general para la operación de estas empresas, especialmente cuando sus servicios abarcan dos o más entidades federativas. Esta ley define los parámetros operativos y exige que las compañías obtengan autorizaciones federales, complementando así las regulaciones estatales y municipales.
Dentro de las tarifas estatales, también se contemplan costos por servicios específicos como el traslado y custodia de bienes y valores (13 mil 844 pesos), así como por el estudio y evaluación de solicitudes para cambios o ampliaciones de modalidad de servicio (6 mil 809 pesos). Estos cobros buscan cubrir los procesos administrativos y de supervisión que la autoridad realiza para garantizar la legalidad y eficacia de las operaciones.
Adicionalmente, se fijaron derechos por el estudio para determinar la legalidad en la inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado, así como por la inscripción de cada elemento operativo en el "Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada", tras la consulta de antecedentes policiales. Ambas gestiones tendrán un costo de 414 pesos por cada elemento o arma.
La normativa estatal también contempla el cobro de 414 pesos por la consulta de antecedentes policiales en el registro estatal y por la expedición o reposición de cédulas de identificación para el personal operativo. Estos procesos son cruciales para la verificación de la idoneidad del personal y el control de los recursos utilizados en la prestación de servicios de seguridad privada.
Es importante destacar que todos estos pagos y derechos están sujetos a lo dispuesto por la ley federal, lo que subraya la importancia de la coordinación entre los marcos regulatorios federal y estatal para asegurar un entorno de seguridad privada ordenado y confiable en México.
BCT
